lunes, 28 de enero de 2013

POSICIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES (PST) SOBRE LAS “ZONAS DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO”


El Congreso Nacional aprobó el pasado 23 de enero las reformas a los artículos 294, 303 y 329 para dar el marco legal a la creación de las denominadas “Zonas de Empleo y Desarrollo Económico”, que no son otra cosa sino el mismo proyecto de Ciudades Modelo en una versión aún más grave porque amplía las zonas de tres, que tenía el anterior proyecto, a un número indeterminado en cualquier lugar del territorio nacional, incluyendo los mejores puertos del país, donde estarán sujetas a “regímenes especiales”. Dicha reforma debe ser ratificada por el pleno en los próximos días.



El Congreso intentó maquillar el decreto de manera que quedaran ocultas las verdaderas intenciones de crear zonas excluidas de la jurisdicción del Estado de Honduras y que alteran su forma de gobierno, a fin de hacerlas “potables” ante la población. Sin embargo, tal como fueron aprobadas exhiben su verdadera intención.

Se viola el territorio nacional para crear Mini-Estados dentro del Estado de Honduras

La reforma al artículo 294 añade un párrafo a la redacción original en el cual establece que, además de la división territorial clásica de departamentos y municipios, “el Congreso puede crear zonas sujetas a regímenes especiales de conformidad con el artículo 329”,  también reformado.  Eso significa que se altera la división territorial establecida en la Constitución, que es uno de los artículos que los mismos golpistas consideran “pétreos” (según lo establecido en el artículo 374 constitucional).

Como en esas zonas no tienen límite territorial, se podrán asentar empresas extranjeras con lo cual se estaría abriendo la puerta para la entrega de la soberanía nacional en especial por violación del Artículo 107 constitucional, que prohíbe propiedad de extranjeros a 40 kilómetros de las costas.

Según el artículo 329 reformado, a esas zonas se les otorgará “personalidad jurídica” es decir que serán considerados territorios privados con capacidad de “contraer obligaciones en tanto no requiera para ello la garantía o el aval solidario del Estado, celebrar contratos  hasta el cumplimiento de sus objetivos en el tiempo y durante varios gobiernos”. Es decir que, como cualquier mini Estado, podrán celebrar contratos con otros particulares, países o corporaciones empresariales extranjeras, sin control del Estado de Honduras.

El mismo artículo cita que “estas zonas están sujetas a la legislación nacional en todos los temas relacionados a soberanía, aplicación de la justicia, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales, emisión de documentos de identidad y pasaportes”, en un esfuerzo por hacerlas pasar por territorios nacionales, pero que solo confirma que, aparte  de esos temas (contradichos  por el contenido de las mismas reformas) no serán aplicables en esas zonas la mayoría de leyes del país, incluidas las de derechos humanos.

En la reforma al artículo 303 constitucional, también se le otorga a estas zonas tener su propio sistema judicial, independiente de la Corte Suprema de Justicia, que según el texto, tendrán “competencia exclusiva en zonas del país sujetas a regímenes especiales” (artículo 303 reformado).

Además, dice el decreto aprobado que “gozarán de un régimen fiscal especial”, que por supuesto será muy generoso con las empresas las cuales ya no seguirán aportando al Estado de Honduras porque ahora aportarán al mini- Estado de las Zonas Especiales.

Estas disposiciones implican en la práctica la creación de un Mini.-Estado, y en la práctica supone la indefensión de la población que habite esas zonas de los derechos que se supone amparan a la ciudadanía hondureña hoy día.

Saqueo de los recursos y destrucción de la economía de los municipios


La reforma dice que las Zonas Especiales  “gozarán de autonomía funcional y administrativa que incluyen las funciones, facultades y obligaciones que la Constitución y las leyes le confieren a los municipios” (Articulo 329 reformado).  Este es uno de los aspectos más nocivos de este decreto pues prácticamente elimina la soberanía de los actuales municipios sobre sus recursos naturales al entregárselas a las nuevas Zonas Especiales, y elimina la obligación de las Zonas Especiales de tributar a los municipios actuales.

La gravedad de esto estriba en que a los departamentos y a los municipios actuales les serán cercenadas las zonas más ricas y productivas para entregárselas a corporaciones capitalistas extranjeras y de la oligarquía; es decir que las empresas ahí asentadas se reservarán el uso exclusivo de sus recursos (tierras, agua, minerales, biodiversidad, etc.) y ya no pagarán impuestos a los  municipios donde actualmente se encuentran, dado que esas zonas tendrán su propio gobierno, su propio sistema de recaudación de impuestos y su propia administración, con lo cual se profundizará la pobreza de las poblaciones
que dependen de esos recursos  y de los impuestos que pagan esas empresas asentadas hoy en sus territorios.

Así, las cosas, habrá dos Honduras: la Honduras de los ricos y la Honduras de los miserables.

Zonas con autodeterminación nacional

El decreto aprobado establece también que dichas zonas podrán crearse por el Congreso “previo plebiscito aprobatorio, de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la Constitución” pero que “este requisito no es necesario para regímenes especiales creados en zonas con baja densidad poblacional”, entendiendo por éstas aquellas donde el número de habitantes permanentes por kilómetro cuadrado sea inferior al promedio para zonas rurales” (artículo 329 reformado).

Ya sabemos cómo el estado burgués manipula los procesos electorales, plagados de fraude e irregularidades, así que no puede esperarse algo distinto de la administración de los “plebiscitos aprobatorios”.

Pero además la reforma establece que “Para la creación y el funcionamiento de estas zonas el Congreso Nacional debe aprobar una Ley  Orgánica la que solo puede ser modificada, reformada, interpretada o derogada por dos tercios favorables de los miembros del Congreso Nacional, será necesaria además la celebración de un referéndum o plebiscito a las persona que habiten las zona sujeta a régimen especial cuando su población supere los cien mil habitantes.”

Esto significa nada menos que con esta reforma se le otorga a esas zonas, sin límite de tiempo,  el derecho de autodeterminación nacional; es decir que el Estado de Honduras no podrá, una vez aprobada esa Ley Orgánica, volver a tener ningún tipo de injerencia sobre esos mini-Estados, lo que prácticamente significa la renuncia a su soberanía sobre esos territorios. Estos podrán aprobar las leyes que les venga en gana sin que el Estado de Honduras pueda amparar los derechos de sus habitantes.

Nada puede garantizar que el día de mañana, bajo la influencia de una poderosa transnacional o de otro Estado, dichas zonas no buscarán su definitiva independencia del Estado de Honduras para conformar Estados totalmente separados. Por eso sostenemos que la aprobación de estas reformas inician la fragmentación del Estado de Honduras y posiblemente su futura desintegración como tal.

Zonas de Saqueo de nuestros recursos

Además, con la disposición de que no se necesitará plebiscito en zonas de baja densidad poblacional, la reforma le asegura a la oligarquía y a las transnacionales que pueden disponer de zonas de nuestro territorio que hasta ahora han permanecido como reservas naturales, como las zonas boscosas de nuestras montañas, las selvas vírgenes, las zonas protegidas, incluso departamentos enteros con baja densidad poblacional como Gracias a Dios, donde se halla la Mosquitia, entre otras. ¡Toda la riqueza de agua, biodiversidad, bosque, minerales, petróleo, irá a parar a los bolsillos de unos pocos ricachos extranjeros y “nacionales”!

El Congreso suplantó el poder Constituyente

Lo expresado atrás implica que, en los hechos, el Congreso Nacional se dio atribuciones de un poder constituyente sin haber sido legítimamente facultado para ello por el Pueblo. Tan es así que en un momento de franqueza, el mismo diputado Ramos Soto, en medio de la sesión lo dijo: “Estamos actuando como una Constituyente”, siendo inmediatamente llamado al orden por el mismo Juan Orlando Hernández.

Tomando en cuenta esto todos los diputados y diputadas que aprobaron dichas reformas cometieron el delito de Traición a la Patria y deben ir a la cárcel por ello.

Rebelémonos y hagamos resistencia… pero organizadamente

Por todos estos motivos, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) repudia estas reformas y, amparados en el derecho legítimo a la insurrección contra quienes suplantan la soberanía popular, llama al Pueblo Hondureño a organizar la rebelión popular para exigir la derogación de estas reformas e impedir la aprobación de la Ley Orgánica que habrá de discutirse próximamente en el Congreso Nacional. Y, si estas fueran aprobadas, llamamos al pueblo hondureño a hacer resistencia a su aplicación para que no sean arrebatados nuestros recursos físicos y financieros y no se nos condene a la muerte lenta de la miseria.

Pero rebelarnos contra esta monstruosidad no es solo hacer una marcha aislada o un comunicado. Implica un proceso de lucha de mediano y largo plazo que debe ser inteligentemente preparado por todo el movimiento popular organizado. Por eso, llamamos al Pueblo Hondureño a hacer el Segundo Encuentro Nacional de Luchadores y Luchadores donde está programado definir una estrategia de lucha, para impedir que se concrete este crimen contra la nación y la sociedad. Nuestro partido se ofrece para colaborar activamente en esa tarea.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los veintiocho días del mes de enero de 2013

Comité Ejecutivo del Partido Socialista de los Trabajadores (PST)