martes, 24 de diciembre de 2013

POR UN PLAN DE LUCHA CONTRA EL RÉGIMEN FRAUDULENTO: REFUNDEMOS EL FNRP

Manifiesto del Partido Socialista de los Trabajadores a la clase trabajadora hondureña


Después de la imposición de Juan Orlando Hernández mediante el fraude electoral del 24 de noviembre recién pasado, tanto el Congreso Nacional como el Poder Ejecutivo han procedido a aprobar, en medio de las fiestas de fin de año, una batería de decretos, leyes y medidas que lesionan los intereses del Pueblo hondureño y que serán aplicados por la administración que tomara posesión el próximo 27 de enero 2014. Es claro que el régimen está aprovechando que todavía tiene control absoluto del Congreso Nacional y la desmoralización que provocó en la base de la Resistencia el fraude electoral, para aprobar a su entero gusto la legislación necesaria y llevar adelante sus planes de entreguismo y explotación, fortaleciendo así los rasgos dictatoriales de su próximo gobierno.

Quieren que la crisis que ellos provocan la paguemos el pueblo


Las medidas aprobadas el 21 de diciembre recién pasado, con la mayoría mecánica del Partido Nacional, están contenidas en la ‘‘Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Revisión de Exoneraciones Fiscales y Medidas Antievasión’’, y son las siguientes:  Incremento del Impuesto sobre Ventas del 12% al 15%, que es un impuesto directo al consumidor del cual obtendrán Lps 4,500 millones adicionales; un incremento al impuesto de arrendamiento de edificios, la telefonía móvil, el servicio de televisión por suscripción, internet, entre otros productos y servicios, según escalas; se establece también que las empresas que ganan más de un millón de lempiras (48.239 dólares) al año tendrán que aportar, además de sus impuestos normales, un 5 % adicional de sus ganancias, denominado “aporte solidario” a partir de 2014; la Secretaría de Finanzas podrá hacer “recortes necesarios” al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para obtener un ahorro de al menos 100 millones lempiras (4,8 millones de dólares), en las transferencias al sector privado; se elimina el beneficio de exoneración del impuesto sobre la renta y las exoneraciones a franquicias aduaneras; se modifican los impuestos a la importación del petróleo y sus derivados, lo que supone un incremento de Lps 40 a Lps 60 al galón de combustible.

Sólo esas medidas implican el saqueo de 16 mil millones de Lempiras al bolsillo de los hondureños(as), según la meta que se han propuesto. No se necesita ser economista para comprender que los empresarios no absorberán los incrementos en los costos sino que automáticamente los trasladaran a los consumidores y que al final se incrementará la inflación, se contraerá la inversión y quedará en nada el reciente incremento al salario mínimo que las traidoras dirigencias sindicales pactaron con las patronales en un pírrico porcentaje para tres años.

Adicionalmente, fue aprobada la prolongación de la Tasa de Seguridad por diez años más, impuesto que también las empresas lo trasladaran al consumidor; y aguardan ser aprobadas en enero las siguientes medidas: 1) la fusión de unas treinta instituciones estatales que implicara el despido de miles de trabajadores y trabajadoras, supuestamente para recortar el gasto corriente (salarios); 2) la revisión de las tarifas de la ENEE entre el 5% al 9%, incluida la eliminación del subsidio de los más pobres, que consumen menos de 150 Kw (650 mil familias); y, 3) las reformas a la ley del RAP para incrementar los años de jubilación y el valor de las cuotas.

Estas medidas han sido justificadas diciendo que Honduras está al borde del “colapso fiscal” puesto que el año está cerrando con un déficit del 6% como mínimo, que en números representan 25 mil millones de lempiras, pudiendo llegar a 32 mil millones fácilmente.

Asumiendo que esas cifras sean ciertas, la pregunta clave es ¿Quién tiene en crisis la economía del país? ¿Se justifica que sea el pueblo el sacrificado por ese paquetazo? El PST afirma que el responsable de esta crisis es la misma burocracia estatal que utiliza el tesoro del Estado para beneficiar a la clase capitalista corrupta y avorazada. Veamos algunos ejemplos:

Con la excusa de hacer la guerra al narcotráfico el gobierno contrató el alquiler de 8 lanchas por Lps 1,280 millones manipulando la Ley de Contratación del Estado para beneficiar a la empresa “Servicios Marítimos Internacionales”, constituida cinco meses antes del contrato. También acaba de anunciarse la compra de tres radares por el equivalente de Lps 600 millones, supuestamente para la lucha contra el narcotráfico, todos estos actos de corrupción se realizan   en medio de la crisis de las finanzas públicas. Por otro lado, de los 10 mil millones de lempiras (US$ 500 millones), obtenidos por la colocación del primer paquete de “Bonos Soberanos” en el mercado internacional, el gobierno solo tiene justificados en las cuentas del Banco Central de Honduras Lps 5,634 millones, sin que haya podido dar una explicación convincente de qué hizo los restantes Lps. 4,366 millones; lo peor es que acaba de aprobarse la colocación de más bonos soberanos por la suma de US$ 250 millones, sin que se haya aclarado lo anterior. De igual manera, los Lps 1500 millones recaudados por la Tasa de Seguridad no aparecen registrados como saldo en el Banco Central de Honduras según denuncia de los mismos empresarios, tampoco  el gobierno ha podido justificar en qué los ha gastado;  también se ha ampliado el periodo de este impuesto a enero 2014, amenazando con hacerlo permanente.

Los sistemas de previsión y de seguridad social también son víctimas del sistema. Las recién aprobadas reformas al INPREMA buscan arrebatar al magisterio la cotización a los colegios magisteriales, para trasladarlas a las cuentas del Estado con fines inconfesables y de paso debilitar las organizaciones gremiales (solo recordemos que las reformas de 2012 tuvieron como finalidad trasladar los recursos de los ahorros de los maestros a la banca privada). No bastándoles con eso, se anuncia ya la intervención del IHSS bajo la dirección de la tristemente célebre agente de FICOHSA, Vilma Morales, la misma que intervino el INPREMA.

El Poder Ejecutivo no se queda atrás: En sesión de Concejo de Ministros del 19 de diciembre recién pasado, a puerta cerradas a la prensa, el gobierno de Porfirio Lobo aprobó tres fideicomisos para la banca privada nacional a petición de COALIANZA por el equivalente de 15,740 millones de Lempiras (US$ 787 millones), para la construcción de tramos carreteros que serán concesionados a empresas privadas extranjeras y nacionales, perdiendo el Estado la posibilidad de recaudar impuestos por esa vía. Con ello se demuestra que el régimen prefiere hacer recaer el peso del cobro de impuestos sobre la clase trabajadora, entregando a la empresa privada el cobro de los peajes carreteros.

Adicionalmente, en el próximo gobierno de Juan Orlando Hernández se ejecutarán todas las leyes lesivas a la soberanía nacional que fueron aprobadas durante la gestión del gobierno saliente de Porfirio Lobo Sosa, como la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (o “Ciudades Modelo”); la Ley Hipoteca que paga la mora con los acreedores internacionales concesionándoles recursos naturales (agua, bosques, etc.); además que  se pretende extender la Ley de Empleo por Horas. ¡Y todavía algunos voceros de la empresa privada se atreven a sugerir que se podría aprobar un “Rescate financiero” a una banca privada que se ha lucrado hasta el colmo con el sacrificio de nuestro Pueblo!!

Así podríamos seguir dando ejemplos del típico derroche irracional, corrupción y del favoritismo del Estado para proteger a los grupos de poder, incluido el saqueo de nuestros recursos naturales. Queda demostrado que la “crisis” fiscal no es resultado de las demandas de los trabajadores y el pueblo pobre en general, sino resultado de una injusta apropiación de la riqueza nacional a manos de la clase capitalista. De ahí que, si no paramos las pretensiones de este gobierno, le depara al pueblo hondureño un oscuro futuro. En ese sentido, el PST considera que la crisis la deben pagar los ricos y sus funcionarios gubernamentales; no la clase trabajadora.

Propuestas del Partido Socialista de los Trabajadores a la crisis fiscal


El PST se opone a la salida burguesa a la crisis económica que atraviesa el país y plantea una salida socialista para sacar al país del atolladero en que se encuentra. Algunas de esta medidas son: a) No pagar la deuda externa pública, ni la deuda interna a la banca privada, b) Romper con el FMI, cerebro de los paquetazos; c) eliminar las exoneraciones a las transnacionales y a la empresa privadas hondureñas, d) estatizar las industrias y negocios agrícolas y de servicios estratégicos; e) elevar los aranceles a los productos extranjeros y que el Estado tome el control de las importaciones de productos de primera necesidad, f) eliminar las concesiones y privatizaciones y en vez de ello nacionalizar y expropiar las empresas más rentables para fortalecer los ingresos del Estado, g) congelar el precio de la canasta básica y elevar los salarios de toda la clase asalariada para fortalecer el poder adquisitivo y con ello el mercado interno, entre otras medidas.

Quieren imponernos una dictadura disfrazada de democracia


Debe recordarse que Juan Orlando Hernández, logró imponer una Corte Suprema de Justicia y un Ministerio Publico afín a sus intereses mediante decretos inconstitucionales que alteraron el período de la gestión de ambas instituciones, las que durarán durante toda su gestión de gobierno. A pesar de eso, es incierto si tendrá el control del próximo Congreso Nacional; precisamente esta incertidumbre ha provocado que en el cierre de esta legislatura se hayan  aprobado a “matacaballo” todas esas leyes y decretos; el régimen se cura en salud, adelantándose en el tiempo para que el Congreso no sea el escenario de  conflictos que pongan en riesgo el paquetazo aprobado.

En esa línea, el Congreso Nacional aprobó en primer debate el decreto que contiene las “Medidas para Eficientar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno". Dicho decreto prácticamente deja al Congreso Nacional sin facultades para decretar cambios en la estructura de la administración pública, otorgándole al Presidente la prerrogativa de crear, fusionar, modificar los presupuestos, intervenir y eliminar instituciones estatales; así como suspender y dar por terminados unilateralmente contratos de trabajo o la revocación de acuerdos del personal que se considere innecesarios. Introduce además la injerencia de entidades privadas bajo la denominación de “centros asociados” en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, la creación de gabinetes sectoriales, poder dictar medidas económicas extraordinarias; todo eso  mediante reformas a la Ley General de la Administración Pública, Ley de lo Contencioso Administrativo, la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Contratación del Estado. Se establece también la secretividad de las sesiones del Consejo de Ministros. De esa forma, el régimen se asegura que los despidos masivos que vienen por la fusión de instituciones, no podrán ser parados ni por el Congreso Nacional, que antes tenía esa atribución.

Otro movimiento de ajedrez fue el fortalecimiento de sus vínculos con la cúpula militar y el “blindaje” de su cuerpo represivo de elite, que funcionara cual “guardia pretoriana” del nuevo reyezuelo. En efecto, el Gral. Rene Osorio Canales (de la 17a promoción de oficiales) fue sustituido por el General Fredy Santiago Díaz Zelaya  (de la 18a promoción) antes de tiempo porque aquel termina su mandato en enero de 2014. El movimiento se hizo por presiones de la promoción 18 de las FFAA (que la integran 40 oficiales), ya que en dos años cumplirán los 35 años de servicio y deberán dejar la institución armada y pasar a su condición de retiro, razón por la cual se modificó  el mandato en la jefatura de la Junta de Comandantes  para que sólo fuera de dos años en lugar de tres, a fin de ganarse el favor de este grupo que se había mantenido en los mandos intermedios.

Pero quizá el decreto más relevante fue la reforma al artículo 274 de la Constitución,  para elevar la Policía Militar a rango constitucional, asegurándose de que el próximo Congreso no derogará esta decisión. Este cuerpo armado prácticamente vendrá a sustituir a la Policía Nacional Preventiva de carácter civil  que ha estado bajo el régimen de la Ley Orgánica de Policía, por una policía militarizada que no está sujeta sino a la voluntad del Presidente de la Republica, contraviniendo la misma Constitución. Por denuncia de la Comisionada María Luisa Borjas, sabemos que también se pretende la desaparición definitiva de la Policía Nacional civil, para lo cual se ha hecho fracasar el proceso de “depuración” policial prometido.

De esa forma, el futuro desgobierno de Juan Orlando Hernández, concentrara un poder extraordinario que no había concentrado ningún otro Presidente en el pasado reciente, apoyado en una institución militar fiel a sus dictados, lo que lo convierte en un régimen dictatorial con disfraz democrático.

¡A las calles este 27 de enero!


El Partido Socialista de los Trabajadores plantea que el Pueblo hondureño debe repudiar estos rasgos autoritarios del futuro gobernante impostor Juan Orlando Hernández, desde su primer día de gobierno, para lo cual proponemos: Organizar una Jornada de Protesta popular el 27 de enero,  día de la toma de posesión convocando a una movilización nacional que se convierta en el inicio de un proceso de resistencia para evitar que este dictadorzuelo termine imponiendo sus nefastos planes anti populares.

El FNRP a la deriva


En medio de este panorama apremiante para el Pueblo, las fuerzas organizadas  se hayan en una situación de desmovilización y desmoralización. El FNRP otrora convocante de poderosas movilizaciones, hoy día se ha borrado del mapa evitando confrontar al régimen de turno; las centrales obreras se lucen mostrando su traición al confabularse con los empresarios para aprobar sus “realistas” aumentos salariales; y las organizaciones que si han resistido  heroicamente a la ofensiva gubernamental como los campesinos del Aguan, de Agua Blanca y San Manuel, o los indígenas lencas del COPINH, los garífunas de OFRANEH o los ambientalistas del Movimiento por la Dignidad y la Justicia, etc. no constituyen una fuerza nacional pese a que se agruparon recientemente en una Plataforma de Movimientos Sociales, pues todavía no luchan coordinadamente. No obstante, es oportuno decir que por fuera del FNRP, esta plataforma es el único agrupamiento que mantiene una postura de resistir al régimen sin darle ninguna concesión.

En cuanto a las bases de la Resistencia, el fraude electoral del pasado 24 de noviembre ha sumido en la desmoralización a los contingentes del FNRP,  cuya conducción traicionó a sus bases al no tener voluntad para conducir la lucha y confrontar la estrategia fraudulenta del partido de gobierno.  Como lo dijimos en nuestro anterior manifiesto, la causa de esto es que “la conducción de la Resistencia (FNRP y LIBRE) ha estado desde un inicio en manos de un caudillo burgués, Manuel Zelaya Rosales, quien aplica una política de desmovilización y de colaborar a la estabilización del régimen pos golpista, para evitar la caída del Estado burgués y de la economía capitalista; pero este caudillo no está solo, pues le colabora una izquierda oportunista que co-dirige el FNRP y le claudica en sus decisiones.” (Manifiesto del PST, 30 de noviembre 2013)

Hoy día, Manuel Zelaya Rosales, renunció a la Coordinación Nacional del FNRP y ha decidido mantenerse como Coordinador del Partido LIBRE, en un acto que sólo refleja su indisposición de estar a la cabeza de la lucha popular, y de manejarse en las componendas con las fuerzas políticas burguesas en el Congreso Nacional. Sin embargo, de la manera más antidemocrática y al mejor estilo caudillezco, su esposa Xiomara Castro, ex candidata presidencial del Partido LIBRE, impuso a una comisión de tres dirigentes del FNRP para que “reorganizaran el Frente” sin tener potestad extraordinaria aprobada por asamblea alguna para hacerlo y como si no existiera una Coordinación Nacional del FNRP que pueda tomar esta decisión. Eso sólo refleja la ausencia en el FNRP de métodos y mecanismos democráticos de conducción que lo vuelve vulnerable a la manipulación por cualquier caudillo o caudilla burgués(a). De hecho el FNRP no tiene estatutos y por tanto, es un grupito de dirigentes quienes toman las decisiones, incluso sobre quién participa o no en sus Asambleas. 

Pese a lo anterior, se avizora una oportunidad para revertir esta situación en la próxima Asamblea Nacional del FNRP convocada para el 18 de enero 2014. Consideramos que es el momento indicado para revertir esta situación a tiempo, porque de no suceder, el FNRP se hundirá irremediablemente en el abismo del oportunismo y la colaboración con el régimen.

Propuesta del PST para la asamblea del 18 de enero


Invitamos a todo trabajador(a) y a toda organización que esté dispuesta a seguir la lucha contra la dictadura burguesa para asistir a la asamblea del 18 de enero. El PST propone a quienes participaran en el mismo lo siguiente:

1.         Rescatar al FNRP de la pasividad en que lo tiene sometida su actual dirigencia, convirtiéndolo en un instrumento de lucha popular contra las políticas de Juan Orlando Hernández, para lo cual se requiere:

a.         Que la Asamblea discuta y vote un Programa de demandas que deben referirse a: Derogar la Ley que da lugar al reciente paquetazo económico del régimen; denunciar y revertir los decretos que harán de ese un  gobierno dictatorial, en especial, aquellos decretos que crea y eleva a rango constitucional a la Policía Militar; derogar el decreto que crea las Ciudades modelo, la Ley Hipoteca, etc. Es decir, actualizar el programa de demandas lanzado por el Encuentro de luchadores y Luchadoras realizado en el Progreso, Yoro.

b.         Que la Asamblea discuta y vote un Plan de Movilización Popular que retome los métodos de lucha originales de la Coordinador Nacional de Resistencia Popular y del FNRP en sus primeros meses de lucha, y que prepare las condiciones de una paralización nacional o una Huelga General. La primera actividad de ese Plan de Lucha debe ser la Jornada Nacional de protesta el día de la toma de posesión del nuevo gobierno   Desarrollar el día de la toma de posesión una jornada nacional de protesta contra un presidente electo mediante un escandaloso fraude. Esta jornada debe considerar tomas de puentes, carreteras, plantones o mítines, movilizaciones barriales y todas aquellas acciones que contribuyan a levantar nuestra voz de protesta en los 18 departamentos, no es posible que Juan Orlando tome posesión como si aquí no hubiese pasado nada; movilización que debe estar acompañado de un acto de protesta de los diputados de LIBRE y del PAC dentro de la sesión del Congreso Nacional donde se le pretende colocar la banda presidencial, en señal de repudio.

c.         Hacer un frente común contra el gobierno ilegitimo de Juan Orlando Hernández, con  todos aquellos sectores que por fuera del FNRP repudian al dictadorzuelo, y acordar con estos un plan de lucha que tenga como eje la movilización popular en todas sus formas.

2.         Democratizar el FNRP para lo cual es necesario:

a.         Impedir que se siga imponiendo un “melismo sin Mel”. Para ello proponemos que la Asamblea someta a evaluación las actuaciones de la Coordinación Nacional y se sustituya parcial o totalmente en función de esa evaluación, sobre todo, por abandonar las luchas populares y por su actitud sumisa ante el fraude electoral del 24 de noviembre de 2013.

b.         Democratizar al FNRP mediante la aprobación de una resolución que vaya en el sentido de proveerle de un Estatuto democrático, debatido a nivel de bases, en el que se prevengan los métodos caudillistas y que contenga el respeto por la decisión de la mayoría y el respeto por las minorías, entre otras características democráticas.


c.        Que la Asamblea del FNRP sea abierta a las bases de todos los sectores que deseen participar sin que medie el colador de las delegaciones con credenciales.