ALTO A LA REPRESION PARAMILITAR Y JUDICIAL CONTRA DIRIGENTES INDIGENAS Y CAMPESINOS
El Partido Socialista de los
Trabajadores (PST) nos manifestamos en repudio de la represión que en las
últimas semanas ha arreciado con el nuevo gobierno en contra de los activistas,
dirigentes y defensores de derechos del campesinado y del pueblo indígena
lenca.
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| María Santos Domínguez, coordinadora de COPINH en Río Blanco |
Atentados criminales contra dirigentes lencas
El pasado 5 de marzo la compañera María
Santos Domínguez, su esposo Santos Roque Domínguez y su hijo de 12 años, Paulo
Domínguez, fueron atacados a machetazos por siete personas cuando se dirigían a
su casa, del que afortunadamente salvaron su vida, encontrándose bajo cuidados
médicos en un hospital. La compañera Maria Santos es Coordinadora de Organización del Consejo Indígena de Río Blanco y Sector
Norte de Intibucá-COPINH y junto a su familia participan activamente en la
resistencia pacífica de la comunidad lenca contra el proyecto hidroeléctrico
Agua Zarca en
Río Blanco, Intibucá, que pretenden imponer
las empresas chinas DESA y SINOHYDRO. Según el COPINH, los responsables del
ataque violento son simpatizantes del proyecto hidroeléctrico. Los mismos
hechores ya amenazaron en varias ocasiones en el pasado a la familia Domínguez.
Cabe recordar que el pasado 21 de Febrero también fue asesinado el activista lenca Justiniano Vásquez, en la Comunidad de Monte
Verde, cabecera del municipio de San Francisco de Opalaca, Departamento de
Intibucá, quien era hermano de Entimo Vasquez, dirigente indígena elegido por
el pueblo lenca como el Alcalde legítimamente reconocido por la comunidad de
ese municipio, contra la imposición fraudulenta de un alcalde cachureco en el
pasado proceso electoral. El alcalde fraudulento pretende llevar a ese
municipio inversiones de hoteles de bosque así como respaldar proyectos
hidroeléctricos en la zona.
Dirigentes campesinos y sus defensores procesados
El pasado 7 de
febrero, el Tribunal de Apelaciones de La Ceiba, ratifico la sentencia
condenatoria contra el dirigente campesino de la región del Bajo Aguan, José
Isabel Morales López
(“Chavelo”), quien lleva ya 5 años de cárcel sin haber recibido sentencia
firme. Cabe recordar que a principios
de noviembre de 2013, la sentencia del Tribunal de apelación de Trujillo,
declaró que José Isabel debía recibir un nuevo juicio en libertad; sin embargo,
los jueces de la corte en Trujillo se negaron a liberarlo. Pero en el nuevo
juicio en el Tribunal de La Ceiba, aparecieron como jueces del nuevo juicio dos
que ya habían estado en el juzgado de Trujillo, violando claramente el
principio de imparcialidad. Detrás de esas irregularidades se encuentra la mano
de los terratenientes de la región del Bajo Aguan, en contubernio con oficiales
de policía y los juzgados. Basta recordar que solo en esa región van más de 120
dirigentes campesinos asesinados.
Un día después, el sábado 8 de marzo fue capturada la abogada y maestra Marlen Cruz Licona en la posta policial
de la Pavana en las cercanías de Choluteca. La captura fue “justificada” bajo
la acusación de "usurpación, robo y
daños” en perjuicio de la
Compañía Azucarera Hondureña S.A (CAHSA), subsidiaria de la
transnacional SABMiller, como resultado de las gestiones legales de la abogada
Marlen Cruz en apoyo al
Movimiento Campesino de San Manuel Cortes (MOCSAM) en el Valle de Sula.
La resolución del juzgado concluyo en otorgarle una
medida sustitutiva, por la que se le ordena alejarse de la zona en conflicto y
presentarse cada quince días al juzgado de San Pedro Sula. Su primera audiencia
fue programada para el mes de abril.
Represión a los luchadores en favor de los ricos y corruptos.
Los casos señalados forman parte de los centenares de indígenas y
campesinos procesados en los juzgados o asesinados por defender su medio
ambiente o su derecho a la tierra. Claramente se trata de un sicariato físico y
judicial a favor de las empresas transnacionales y terratenientes, quienes
cuentan con compinches en el sistema de justicia y en la policía. Con estos
actos de terrorismo buscan acallar la movilización campesina e indígena que hoy
día mantiene viva la verdadera RESISTENCIA del pueblo hondureño contra la
voracidad de los capitalistas.
En contraste con estos hechos, la policía muestra total complicidad con
personajes a quienes tiene el deber de capturar por actuar en contra de los
intereses del Pueblo. Es el caso del Comisionado Ramón Sabillón, Director
de la Policía Nacional quien el 10 de marzo “justifico” que no capturó al ex
director del IHSS, Mario Zelaya, a pesar que estaban enterados que este asistió
al sepelio de su padre. Así actúa la “justicia” hondureña al servicio de los
ricos y poderosos.
Solo la MOVILIZACION POPULAR podrá contrarrestar el terrorismo que se
cierne sobre los luchadores indígenas y campesinos. Ejemplo de ello fue que la
solidaridad militante del movimiento popular, logro que la dirigente Berta
Caceres fuera absuelta con un sobreseimiento definitivo a la acusación que se
le hacía por posesión ilegal de armas (quedan pendientes otras acusaciones por
desvanecer definitivamente), y que la dirigente Magdalena Morales, dirigente de
la CNTC de El Progreso, haya recibido un sobreseimiento provisional por su
apoyo al movimiento campesino de Agua Blanca, Yoro. Son pequeños pasos pero que
indican la ruta por seguir.
Nuestro partido exige del régimen de Juan Orlando Hernández:
·
Una investigación
imparcial, juicio
y castigo para los responsables del atentado contra la dirigente María Santos
Domínguez y su familia, en Rio Blanco; como también en el asesinato del
dirigente Justiniano Vasquez en San Francisco de Opalaca.
·
La
liberación del dirigente campesino José
Isabel Morales López, así como la anulación de los juicios contra la
Abogada Marlen Cruz Licona, Berta Caceres y la dirigente campesina Magdalena Morales. Anulación de todos los juicios
que afectan a centenares de campesinos y campesinas a lo largo y ancho del país
por defender su derecho a la tierra.
·
El
desmantelamiento de las bandas privadas de matones que sirven a los
terratenientes de el Bajo Aguan, a las
empresas CAHSA en Agua Blanca, Yoro, y
DESA y SINOHYDRO en Rio Blanco, Zacapa.
Hacemos una llamado a la dirigencia del FNRP
y de LIBRE para que convoquen a un Encuentro Nacional de organizaciones
populares para preparar un PARO CIVICO NACIONAL en contra de la represión al
movimiento campesino e indígena.
Dado en Tegucigalpa,
M.D.C. a los 12 días del mes de marzo de 2014