jueves, 13 de marzo de 2014

ALTO A LA REPRESION PARAMILITAR Y JUDICIAL CONTRA DIRIGENTES INDIGENAS Y CAMPESINOS

ALTO A LA REPRESION PARAMILITAR Y JUDICIAL CONTRA DIRIGENTES INDIGENAS Y CAMPESINOS

El Partido Socialista de los Trabajadores (PST) nos manifestamos en repudio de la represión que en las últimas semanas ha arreciado con el nuevo gobierno en contra de los activistas, dirigentes y defensores de derechos del campesinado y del pueblo indígena lenca.


María Santos Domínguez, coordinadora de
COPINH en Río Blanco

Atentados criminales contra dirigentes lencas

El pasado 5 de marzo la compañera María Santos Domínguez, su esposo Santos Roque Domínguez y su hijo de 12 años, Paulo Domínguez, fueron atacados a machetazos por siete personas cuando se dirigían a su casa, del que afortunadamente salvaron su vida, encontrándose bajo cuidados médicos en un hospital. La compañera Maria Santos es Coordinadora de Organización del Consejo Indígena de Río Blanco y Sector Norte de Intibucá-COPINH y junto a su familia participan activamente en la resistencia pacífica de la comunidad lenca contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en Río Blanco, Intibucá, que pretenden imponer las empresas chinas DESA y SINOHYDRO. Según el COPINH, los responsables del ataque violento son simpatizantes del proyecto hidroeléctrico. Los mismos hechores ya amenazaron en varias ocasiones en el pasado a la familia Domínguez.

Cabe recordar que el pasado 21 de Febrero también fue asesinado el activista lenca Justiniano Vásquez, en la Comunidad de Monte Verde, cabecera del municipio de San Francisco de Opalaca, Departamento de Intibucá, quien era hermano de Entimo Vasquez, dirigente indígena elegido por el pueblo lenca como el Alcalde legítimamente reconocido por la comunidad de ese municipio, contra la imposición fraudulenta de un alcalde cachureco en el pasado proceso electoral. El alcalde fraudulento pretende llevar a ese municipio inversiones de hoteles de bosque así como respaldar proyectos hidroeléctricos en la zona.

Dirigentes campesinos y sus defensores procesados


El pasado 7 de febrero, el Tribunal de Apelaciones de La Ceiba, ratifico la sentencia condenatoria contra el dirigente campesino de la región del Bajo Aguan, José Isabel Morales López (“Chavelo”), quien lleva ya 5 años de cárcel sin haber recibido sentencia firme. Cabe recordar que a principios de noviembre de 2013, la sentencia del Tribunal de apelación de Trujillo, declaró que José Isabel debía recibir un nuevo juicio en libertad; sin embargo, los jueces de la corte en Trujillo se negaron a liberarlo. Pero en el nuevo juicio en el Tribunal de La Ceiba, aparecieron como jueces del nuevo juicio dos que ya habían estado en el juzgado de Trujillo, violando claramente el principio de imparcialidad. Detrás de esas irregularidades se encuentra la mano de los terratenientes de la región del Bajo Aguan, en contubernio con oficiales de policía y los juzgados. Basta recordar que solo en esa región van más de 120 dirigentes campesinos asesinados.

Un día después, el sábado 8 de marzo fue capturada la abogada y maestra Marlen Cruz Licona en la posta policial de la Pavana en las cercanías de Choluteca. La captura fue “justificada” bajo la acusación de "usurpación, robo y daños” en perjuicio de la Compañía Azucarera Hondureña S.A (CAHSA), subsidiaria de la transnacional SABMiller, como resultado de las gestiones legales de la abogada Marlen Cruz en apoyo al Movimiento Campesino de San Manuel Cortes (MOCSAM) en el Valle de Sula. La resolución del juzgado concluyo en otorgarle una medida sustitutiva, por la que se le ordena alejarse de la zona en conflicto y presentarse cada quince días al juzgado de San Pedro Sula. Su primera audiencia fue programada para el mes de abril.

Represión a los luchadores en favor de los ricos y corruptos.


Los casos señalados forman parte de los centenares de indígenas y campesinos procesados en los juzgados o asesinados por defender su medio ambiente o su derecho a la tierra. Claramente se trata de un sicariato físico y judicial a favor de las empresas transnacionales y terratenientes, quienes cuentan con compinches en el sistema de justicia y en la policía. Con estos actos de terrorismo buscan acallar la movilización campesina e indígena que hoy día mantiene viva la verdadera RESISTENCIA del pueblo hondureño contra la voracidad de los capitalistas.

En contraste con estos hechos, la policía muestra total complicidad con personajes a quienes tiene el deber de capturar por actuar en contra de los intereses del Pueblo. Es el caso del Comisionado Ramón Sabillón, Director de la Policía Nacional quien el 10 de marzo “justifico” que no capturó al ex director del IHSS, Mario Zelaya, a pesar que estaban enterados que este asistió al sepelio de su padre. Así actúa la “justicia” hondureña al servicio de los ricos y poderosos. 

Solo la MOVILIZACION POPULAR podrá contrarrestar el terrorismo que se cierne sobre los luchadores indígenas y campesinos. Ejemplo de ello fue que la solidaridad militante del movimiento popular, logro que la dirigente Berta Caceres fuera absuelta con un sobreseimiento definitivo a la acusación que se le hacía por posesión ilegal de armas (quedan pendientes otras acusaciones por desvanecer definitivamente), y que la dirigente Magdalena Morales, dirigente de la CNTC de El Progreso, haya recibido un sobreseimiento provisional por su apoyo al movimiento campesino de Agua Blanca, Yoro. Son pequeños pasos pero que indican la ruta por seguir.

Nuestro partido exige del régimen de Juan Orlando Hernández:

·         Una investigación imparcial, juicio y castigo para los responsables del atentado contra la dirigente María Santos Domínguez y su familia, en Rio Blanco; como también en el asesinato del dirigente Justiniano Vasquez en San Francisco de Opalaca.

·         La liberación del dirigente campesino José Isabel Morales López, así como la anulación de los juicios contra la Abogada Marlen Cruz Licona, Berta Caceres y la dirigente campesina Magdalena Morales. Anulación de todos los juicios que afectan a centenares de campesinos y campesinas a lo largo y ancho del país por defender su derecho a la tierra.

·         El desmantelamiento de las bandas privadas de matones que sirven a los terratenientes de el Bajo Aguan,  a las empresas CAHSA en Agua Blanca, Yoro, y  DESA y SINOHYDRO en Rio Blanco, Zacapa.

Hacemos una llamado a la dirigencia del FNRP y de LIBRE para que convoquen a un Encuentro Nacional de organizaciones populares para preparar un PARO CIVICO NACIONAL en contra de la represión al movimiento campesino e indígena.
                                                                                          
Dado en Tegucigalpa, M.D.C. a los 12 días del mes de marzo de 2014


Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores (PST)