viernes, 14 de marzo de 2014

DEFENDAMOS EL DERECHO DE ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO


El gobierno de JOH acaba de aprobar el ACUERDO No. 2196-A-2013 de la Secretaria de Estado en los despachos del Interior y Población, mediante el cual se cancela la personalidad jurídica de 5,429 asociaciones civiles, bajo amenaza de traspasar sus bienes al Estado, supuestamente por incumplir disposiciones de la URSAC sobre la presentación de informes financieros y de actividades. Para comprender esta medida, debemos partir de una visión más global del asunto y de algunos antecedentes.


Como medida preventiva ante las grandes movilizaciones populares del año 2003 el gobierno de Ricardo Maduro aprobó el Acuerdo 770-A-2003, que reglamenta la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC) a fin de investigar el origen y destino de los fondos de las asociaciones civiles, que sospechaba financiaban dichas movilizaciones. Como las asociaciones civiles protestaron tal nivel de injerencia, ese reglamento no fue aplicado estrictamente. Sin embargo, en el periodo del Golpe de Estado y durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, muchas organizaciones no gubernamentales de sociedad civil de nuevo participaron, organizaron y algunas financiaron movilizaciones en apoyo a sectores sociales que demandaban sus derechos. Desde entonces, el gobierno ha intentado someter bajo su control a dichas organizaciones, interviniendo el origen y destino de sus fondos para intentar frenar las luchas. En esa perspectiva aprobó en 2011 la “Ley Especial para el Fomento de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo” (Decreto 32-2011) y su Reglamento, en un segundo intento injerencista, que nuevamente fue moderado por presión de dichas organizaciones.

Hoy día, cuando el gobierno entrante de JOH tiene planes más lesivos contra los derechos del Pueblo, ha lanzado una nueva ofensiva en la misma dirección, especialmente contra organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, feministas o defensoras de la libre expresión, utilizando como coartada una “depuración” administrativa más amplia en aplicación del Reglamento de la URSAC. Aunque estas organizaciones han desmentido los argumentos del gobierno sobre el supuesto incumplimiento de la ley, la Secretaria del Interior y Población les cancelo la personalidad jurídica. Por lo tanto, es claro que esta medida del gobierno tiene un objetivo político y no administrativo.

Nuestro partido alerta que la citada cancelación de la personalidad de las asociaciones civiles, tiene como objetivos: 1) debilitar el espectro de organizaciones identificadas con la oposición al régimen de JOH, mediante su desmantelamiento legal y la confiscación de sus bienes; 2) establecer un régimen de control sobre las finanzas y proyectos de las organizaciones que queden funcionando, para identificar y neutralizar aquellas que desempeñen actividades inconvenientes a sus políticas; c) escarmentar a las organizaciones que sigan funcionando para que sean sumisas y eviten confrontar al oficialismo; y, d) eliminar organizaciones que puedan competir con las propias Asociaciones civiles de funcionarios del régimen, empresarios y militares en la captación de fondos externos para sus proyectos. En base a esto, el PST denuncia que con la aplicación del Acuerdo 2196-A-2013 el régimen pretende domesticar a la sociedad civil, violando su derecho de organización, para evitar que esta denuncie sus abusos y atropellos contra el pueblo.

Ahora bien, no solo del derecho de organización de las organizaciones de sociedad civil están en peligro por esta política. Como es de dominio público, el magisterio sufre la destrucción de sus organizaciones gremiales y la succión de sus recursos financieros con las reformas a la Ley del INPREMA; por otro lado, la anunciada fusión de entidades gubernamentales y los procesos de privatización en curso, podría implicar, si los trabajadores lo permiten, la desaparición de varios sindicatos combativos como el SITRAENP, SITRAINHFA, SITRAIHSS, SITRADEI, SITRATEL, SITRAPANI, SITRASANAA y probablemente el STENEE. Por si esto fuera poco, las organizaciones campesinas están siendo diezmadas con el asesinato de más de un centenar de activistas y el encarcelamiento de sus principales dirigentes.

Complementando esta represión, el gobierno de JOH ha aprobado otras medidas políticas que limitan el derecho de información o expresión y que fortalecen los mecanismos de control estatal sobre el pueblo, como las siguientes:

·         La “Ley para la Intervención de las Telecomunicaciones Privadas” (Decreto 234-2011), mediante la cual se autoriza a la policía a espiar todas las comunicaciones de las organizaciones sociales, sin necesidad de orden judicial, violando el derecho a la privacidad;

·         la “Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación” que restringe la información oficial que pueda ser difundida al público, en violación a la Ley de Acceso a la Información Pública y del Derecho Humano fundamental de Libertad de Pensamiento y Expresión, el cual no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores; y

·         el Decreto Legislativo “Medidas para Eficientar la Administración Pública”, que otorga poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo en franca violación  de la Carta Magna al delegar atribuciones indelegables exclusivas del Poder Legislativos, además de blindar a aquel de demandas y criticas del sector no gubernamental.

Lo inaudito es que las organizaciones que aglutinan a la Resistencia popular (LIBRE y FNRP) están silenciadas y de brazos cruzados, permitiendo que el régimen haga lo que quiera en este campo.

El derecho de organización es un derecho universalmente reconocido que no puede ser disminuido, restringido o tergiversado por ningún gobierno (Art 64 constitucional). Además de carecer de legalidad, las medidas de este gobierno carecen de legitimidad política porque el régimen de Juan Orlando Hernández es continuación de un régimen golpista y fue impuesto por un fraude electoral, y en consecuencia no estamos obligados a aceptarlas.
Por todo lo anterior, nuestro Partido:

1.     Rechaza la pretensión gubernamental de destruir las organizaciones civiles con la aprobación del ACUERDO No. 2196-A-2013 así como la pretensión de destruir las organizaciones magisteriales, sindicales y campesinas.

2.     Hacemos un llamado a la dirigencia del FNRP y de LIBRE para que movilice a sus fuerzas para defender el derecho a la organización social.

3.     Proponemos la realización de un Encuentro Nacional para aprobar un Plan de Acción que lleve a defender el derecho de organización mediante la preparación de un Paro Cívico Nacional, con la participación de todos y todas las organizaciones afectadas.


COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES (PST)