Por: Alejandra Paz
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Para liberar la tierra los campesinos necesitan unificarse en todo el país. |
El Bajo Aguan, es esa
parte del territorio nacional ubicado en el departamento de Colón en el fértil
valle del Aguan rodeados por el rio Lean y el que lleva ese mismo nombre,
hablamos de grandes extensiones de tierra fértil totalmente aptas para la
agricultura y en conflicto desde hace mucho tiempo por la voracidad de los
terratenientes y la complicidad de los gobiernos de turno.
El conflicto del
sector se origina desde la implementación en el país de la contra-reforma
agraria contenida en la Ley de Modernización Agrícola. Dicha Ley permitió que
los terratenientes se apropiaron de miles de hectáreas de esas fértiles tierras
durante el gobierno nacionalista del señor Callejas (1990-1994), a través de la
aprobación e implementación de La Ley de Modernización Agrícola (decreto
31-92).
A partir de esa Ley,
se fortalece la agro exportación y se mantienen los grandes latifundios entre los cuales están unas 5,742.92 hectáreas conocidas como las tierras del CREM, lugar tristemente
célebre porque sirvió como sitio de entrenamiento de la contra revolución
nicaragüense en los 80 con el apoyo del gobierno y el ejército hondureño.
Estas tierras fueron
recuperadas por el Movimiento Campesino del Aguan (MCA) que da origen a esa
masiva concentración de hombres y mujeres que conformaron unas 620 familias que
se asentaron en esas tierras provenientes de diversos departamentos como Yoro,
Atlántida, Olancho y Colon, constituyéndose en 45 empresas campesinas
aglutinadas en la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), AHMUC,
ANACH y ACAN, que se organizaron en la comunidad Guadalupe Carney.
Durante el gobierno
de Carlos Flores (1998-2002) le entregaron al MCA, las primeras 1.200 hectáreas
de tierra con el compromiso que les entregarían después otras 4,300 hectáreas,
pero eso no se cumplió; a partir de ahí, aparecieron varios terratenientes y
ganaderos con títulos falsos sobre las tierras otorgados por la municipalidad,
creando un caos para no dar trámite a la legalización definitiva de las tierras
a favor de los campesinos.
Desde ese tiempo, los
campesinos vienen siendo víctimas de represión persecución hostigamiento y
muerte en el Valle del Aguan; el conflicto recrudece en el año 2009 cuando los
terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales, conocidos
usurpadores de 3000 hectáreas de tierra
nacional, inician una brutal e inhumana represión para quedarse con esas
tierras.
Estos mismos
terratenientes son los que han organizado todo un clima de terror en el Bajo
Aguan desde noviembre de 2001, que incluso llevó a la militarización de la zona
con el atrincheramiento en Tocoa de un campamento militar que en sus inicios se
le llamó operación Xatruch; después, este contingente militar, se convirtió en
un escuadrón permanente responsable de atemorizar, perseguir a los campesinos y
campesinas y proteger a los
terratenientes.
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Continúa la cacería humana por parte del ejército y la policía al servicio de los terratenientes. |
En este conflicto más
de una vez se han hecho negociaciones para “poner fin” al problema y en algún
momento hubo acuerdos: uno en el 2010 y otro en el 2012 con el MUCA y el MARCA
respectivamente. Estos acuerdos han sido incumplidos por los mismos
terratenientes al haber negociado tierras que no eran de ellos.
También hubo un
acuerdo entre los campesinos del MCA que habitan la “Margen Derecha” con otro
sector que habita la “Margen Izquierda”, donde el INA acordó comprarle a
Facussé 4,712 hectáreas, por un precio de 326 millones de lempiras, pagados por
el Estado a través de Banhprovi a un interés del 6% anual pagadero en 15 años,
para entregárselas a los campesinos; por supuesto, esta es una negociación
leonina en contra del pueblo hondureño promovida
entre el señor César Ham, como ministro del INA, y los terratenientes que se
reparten esas jugosas cantidades de dinero del pueblo.
Los gobiernos de
turno han colaborado con los terratenientes para no resolver el problema en
favor de los campesinos; por el contrario, desde que se ha iniciado este
conflicto desde 2008 a la fecha, se registran más de 90 asesinatos de
campesinos, algunos asesinatos evidencian rasgos de sadismo.
Para tener evidencia
del clima de violencia generado en el Bajo Aguan se instaló un observatorio de
derechos humanos que mantuviera una vigilancia sobre los aspectos relacionados
con el respeto y garantía a la vida de hombres, mujeres y niños del Aguan. Eso
ha permitido que la cantidad de campesinos mártires de la tierra sea conocido a
nivel mundial dada una campaña permanente de solidaridad con este conflicto
agrario.
Además de las muertes,
hay una criminalización de la lucha agraria y son centenares de campesinos
acusados por diferentes delitos pero que reflejan una persecución política por
lo que cualquier pretexto es utilizado para perseguir a los compañeros
acusándolos de guerrilleros, ladrones de fruta, de daños a la propiedad, de
portación ilegal de armas, en fin los acusan de todo para justificar la
represión y masacre de campesinos al grado que incluso el abogado José Antonio Trejo,
defensor de los campesinos fue asesinado el año pasado y también encarcelado en
una oportunidad por hacer su trabajo en defensa de los campesinos.
Entre tanto, el Aguan
sigue desangrándose, los campesinos ponen su vida en juego por la
sobrevivencia, el conflicto sigue sin resolverse, las tierras están regadas con
sangre campesina y eso tarde o temprano dará los frutos esperados por ellos:
ver el valle cultivado y en manos de las empresas campesinas, que son los que
las hacen producir, para eso es urgente y muy importante la solidaridad con esa
lucha.