Comité Central del PST
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| Lobo y Hernández: civiles con piel de tigres |
¿UN “NUEVO” GOBIERNO?
En realidad no podemos decir que estamos ante un
“nuevo” gobierno. Siendo Presidente del Congreso Nacional, JOH fue la figura más
poderosa del gobierno de Porfirio Lobo Sosa, desde donde co-gobernó, incluso
opacando al mismo Pepe Lobo. Desde el Congreso aprobó toda la legislación con
la cual gobernara en estos cuatro años. En ese sentido es más justo hablar de una
primera etapa del régimen juanrolandista, ocurrida bajo la administración anterior,
y de una segunda etapa desde enero 2014 a la fecha, definida como el Gobierno
de la “Vida Mejor”, a la cabeza de las principales decisiones del régimen post
golpista
. CONTIUIDAD DEL ENTREGUISMO A LA BANCA INTERNACIONAL Y A LA BURGUESIA TRANSNACIONAL
En materia económica la principal característica del
régimen de JOH en ambas etapas ha sido apretar el acelerador de las medidas
neoliberales extremas para quedar bien con el FMI a fin de lograr de este créditos
de corto plazo y el visto bueno que le abra puertas para créditos de largo
plazo con otros acreedores. Su objetivo es tapar el gigantesco hoyo que dejo el
despilfarro, el saqueo y la corrupción del régimen golpista de Roberto
Micheletti, y a la vez, agenciarse jugosos recursos para los mega-negocios de
la oligarquía. A eso se dedicaron Pepe y Juan Orlando entre 2010 y 2013,
procurando un acuerdo con el FMI, pero en ese afán lo que hicieron en realidad
fue un gran daño a la economía nacional.
Baste recordar que en su primera etapa JOH inauguró su
gestión aprobando el paquete fiscal de 2010 que golpeó a la clase trabajadora y
a la clase media. Aprobó decretos que cercenaron gravemente la soberanía nacional
y legisló también para entregar los bienes públicos a los empresarios
nacionales, como la creación de las ZEDEs (“Ciudades Modelo”), las múltiples y leoninas concesiones para la
explotación de nuestras tierras, cuencas hidrográficas, servicios de agua
potable, petróleo, minerales, carreteras, puertos, aeropuertos, entre otros; la
aprobación de leyes dañinas a la soberanía nacional y al interés social como la
Ley de Asociación Público-Privada que dio vida a
COALIANZA, la Ley Hipoteca y el Paquetazo fiscal de 2013. Adicionalmente, en el periodo de la “diarrea
legislativa” como se le conoció popularmente a los meses de diciembre 2013 y
enero 2014, fue tal la cantidad de leyes anti nacionales aprobadas para satisfacer
a la banca internacional, que pasara todavía mucho tiempo para darnos cuenta
del real nivel de entrega del país que se hizo en ese periodo.
El resultado de esta carrera entreguista de JOH es tal
que a noviembre de 2013, el saldo de la deuda externa
total fue de $5,928.1 millones, incrementándose en 22.4% con respecto a lo
reportado en diciembre de 2012; 77.1%
($4,569.9 millones) corresponde al sector público; y 22.9% (US$1,358.2
millones) al sector privado. Esta espiral de endeudamiento lejos de ser una
fortaleza es el Talón de Aquiles de su política económica, porque la deuda
publica crece y crece sin cesar, y a la larga no hay recursos para pagarla,
viéndose obligado a recurrir a los mal llamados “bonos soberanos” que
terminaran siendo pagados con nuestras tierras, bosques, aguas, etc, tal como
lo dicta la oprobiosa “Ley Hipoteca”.
Dando continuidad a esa política económica, en sus
primeros cien días, JOH dio orden a
sus diputados títeres para aplicar un brutal “paquetazo” fiscal que ha elevado
la inflación y frenado la producción nacional, volcando más personas de clase
media a la pobreza, y de la pobreza a la miseria. En esa línea impulsó también la
fusión de instituciones del Estado con la pérdida de muchos empleos y programas
de defensa de los derechos. Por otro lado, entidades descentralizadas o
autónomas como la ENEE, el SANAA, Hondutel y SOPTRAVI han sido intervenidas con
el objetivo de privatizar sus servicios públicos o para saquearlas en beneficio
de transnacionales o de la banca privada.
Pero el peor zarpazo de la actualidad parece estar
reservado para la privatización del sistema de previsión social, que es una
conquista histórica de la clase trabajadora. En su primera etapa arrebató el
INPREMA al magisterio, mediante reformas a su ley, que han colocado ese
instituto en manos de Banco FICOHSA. Pero en el actual gobierno avanzó con la
intervención del IHSS, llegando al grado de proponer una nueva Ley que abrirá
las puertas a la privatización de sus servicios; y ya inició gestiones para
hacer lo mismo con el INJUPEMP. Para eso utiliza el “descubrimiento” de sonados
casos de corrupción, que no investiga a fondo sino que se queda a nivel de chivos
expiatorios (como sucede con el procesamiento judicial de la Junta Directiva
del IHSS), para justificar la intervención del gobierno a dichas entidades, y
de paso golpear a las organizaciones gremiales de los trabajadores.
AUTORITARISMO Y MILITARIZACIÓN
La cuadratura de un fascista
En materia política el régimen post golpista ha tenido
como prioridad fortalecer su control sobre el conjunto de la institucionalidad
burguesa a costa de una acelerada militarización y concentración de poder. De
hecho, JOH tiene como carta de presentación haber sido el gran autor
intelectual de los escandalosos fraudes electorales de las internas de 2012 y
de las generales de 2013, por lo que su mismo ascenso al poder tiene el pecado
original de la ilegitimidad. Debe recordarse también que, desde entonces, JOH
concentró un enorme poder tras el asalto que hizo a la Corte Suprema de
Justicia imponiendo varios magistrados para volverla dócil a sus designios; la
usurpación que hizo del Ministerio Público al imponer a un Fiscal General por
cinco años, y hechos similares en el Consejo de la Judicatura, el Consejo
Nacional Anti Corrupción, entre otros. En enero 2014 modificó las leyes para
auto atribuirse la función de reestructurar la administración pública,
atribución que antes estaba reservada al Congreso Nacional, haciendo una
concentración de todo el Estado en apenas siete superministerios, dirigidos por
incondicionales suyos, incluida su hermana Hilda Hernández.
Por otro lado, en el propósito de crear su propia
guardia pretoriana, que inhiba cualquier brote de insubordinación civil,
policial o militar, constituyó la Policía Militar y la Fuerza TIGRES con apoyo
norteamericano y colombiano, además de aprobar leyes de espionaje, cuidándose
de ganarse la lealtad de los militares al entregarles la explotación de los
bosques y el control de varias instituciones claves del Estado.
En sus primeros cien
días, JOH continuó en esa misma línea: cerró el círculo de instituciones
del Estado bajo su control con la colocación de sus títeres en la Procuraduría
de la Republica, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y,
recientemente, en el Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las
Personas, en los cuales excluyó las propuestas de los partidos políticos de oposición
(incluido LIBRE con derecho a integrar el TSE) y de la sociedad civil, por
supuesto, en violación de las leyes respectivas. Adicionalmente, ha profundizado
la militarización del Estado al colocar todo el sistema de seguridad y justicia
bajo control militar, con la creación de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional
Nacional (FUSINA); y continua el fortalecimiento de la Policía Militar con mil
nuevos efectivos ( la meta es lograr 5 mil).
Una forma de justificar la creación de estos aparatos
de seguridad es el espectáculo que ha montado con la supuesta “lucha contra el
narcotráfico” en la cual cobra importancia la aplicación de la Ley de Extradición,
haciendo gala del envío de capos de la droga a Estados unidos, sin importar que
con ello se violente la soberanía nacional y se violen los derechos
individuales establecidos en la Constitución, tal como sucedió con el caso del
primer hondureño dizque “legalmente” extraditado a Estados Unidos (Carlos “El
Negro” Lobo). Que sólo es un “show” lo muestra el hecho de que permanece
intocable toda la estructura que el narcotráfico tiene en el poder político, en
el empresariado, en la policía y en las Fuerzas Armadas.
No bastándole con eso, JOH busca asegurar una base
social paramilitar con la extensión del Programa “Guardianes de la Patria”,
recurriendo al hipócrita argumento de que quiere “evitar” que los niños y niñas
pasen a ser parte de las pandillas juveniles, cuando mantiene en total abandono
presupuestario y técnico a las instituciones que fueron creadas en el Estado
precisamente para eso (IHNFA, Programa Nacional de Prevención de Pandillas,
entre otros). En realidad, su objetivo es asegurarse de contar con una fuerza
de espionaje y de choque a futuro con adolescentes y jóvenes leales a las
Fuerzas Armadas para enfrentar al movimiento popular.
LA REPRESION COMO MÉTODO DE INTIMIDACIÓN
Para cerrar con broche de oro, no podría ser justa
este repaso de las “hazañas” del gobierno de JOH sin mencionar la represión.
Desde el golpe de Estado, la persecución y el asesinato de
activistas y dirigentes del movimiento social ha marcado la pauta en la
política de seguridad del gobierno; más de doscientos activista de la Resistencia
cayeron bajo las balas y las torturas del régimen; los campesinos pagaron caro
su reclamo por la tierra con más de cien dirigentes asesinados y la
militarización del Bajo Aguan; los indígenas lencas de Rio Blanco, los
campesinos de Agua Blanca y San Manuel, los garífunas de Colón, las comunidades
rurales anti mineras y anti hidroeléctricas de Atlántida, han recibido
sistemáticamente como respuesta la represión, en la primera y en la segunda
etapa de su gestión.
Como muestra de que JOH continua
en esa línea, en sus primeros cien días, se produjo el asesinato contra Justiniano
Vasquez, hermano del Alcalde legítimamente electo en la comunidad de San
Francisco Opalaca, hoy en rebelión contra el régimen; así como el atentado
contra María Santos Domínguez, coordinadora de COPINH y activista contra el
proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en Río Blanco; en el mismo mes fue capturada la
abogada y maestra Marlen Cruz Licona acusada de "usurpación, robo y daños” en
perjuicio de la Compañía Azucarera Hondureña S.A (CAHSA). Sin hablar de los recientes asesinatos de activistas
de LIBRE Jose Bernárdez en SPS, Carlos Mejia en El Progreso y su ex candidato
a la alcaldía del Distrito Central, Rafael Barahona. Asimismo, más de 4 mil
campesinos están siendo procesados en los tribunales, mientras que dirigentes
emblemáticos de los campesinos e indígenas, como José Isabel Morales López (“Chabelo”) finalmente se definió en
los juzgados decretándole su culpabilidad, mientras que a Magdalena Morales y Berta
Cáceres se les mantiene con medidas cautelares o sobreseimientos parciales.
Por otro lado, la juventud
hondureña es aterrorizada por escuadrones de la muerte. Solo en los primeros
dos meses de su gobierno han sido asesinados 270 jóvenes menores de 23 años de
edad y solo en los dos primeros meses
de su gobierno se
registraron 7 masacres (Casa Alianza, 2014).
Finalmente debemos que decir que, si algo ha
facilitado que el régimen de JOH, tanto en su primera etapa como en la segunda,
haga todo lo que ha hecho, ha porque la colaboración de la
cúpula del FNRP y LIBRE se lo han permitido, quienes en lugar de movilizar oportunamente
al Pueblo para impedirlo, llama a la conciliación, a los pactos y a la
confianza con este mandadero de la oligarquía y del imperio.
Desde el PST,
llamamos a organizar la lucha para detener a este gobierno entreguista,
autoritario y represivo, sin conciliar, pactar o confiar en él. Si hasta ahora
el gobierno de JOH ha logrado imponer su nefasta política es porque la
dirigencia del FNRP-LIBRE no ha realizado oposición alguna, es urgente
reunificar al movimiento popular relanzando la resistencia popular para frenar
al gobierno de JOH, por eso hemos propuesto la realización de un Paro Cívico Nacional
de 24 horas como primera medida para unificar a todos los sectores en lucha.
Sino enfrentamos a este gobierno con medidas populares e insurreccionales,
podríamos estar viendo el surgimiento de una dictadura de nuevo tipo en
Honduras.