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| El endeudamiento público alcanza el 68% del Producto Interno Bruto PIB |
Por José Domingo Godoy
La economía hondureña
sigue en caída libre. El endeudamiento público alcanza el 68% del Producto
Interno Bruto PIB, cuyo costo en intereses absorbe el 40% del presupuesto de la
República; el déficit fiscal es de 7.2% y la inflación se ubica en un 6%.
Esta situación de
crisis asfixia a la clase trabajadora y beneficia a uno pocos millonarios. Mientras
los más humildes caen en charcos de sangre o mueren soterrados empujados por el
desempleo que hoy alcanza el 49 %, Honduras sigue ocupando el segundo lugar de
la lista de países más desiguales y corruptos de América Latina. Este es el
resultado de tres décadas de neoliberalismo y diez años de TLC, como parte de
la política recolonizadora del imperialismo norteamericano.
Nuestra desesperante
situación económica es la más oportuna para el chantaje, el saqueo y la usura.
Mientras el gobierno prepara un patético espectáculo para conmemorar la independencia,
los representantes de los organismos financieros internacionales OFIS afinan su
estrategia y preparan sus maletas, vienen a reconocer los “esfuerzos” del gobierno, en materia del aumento de impuestos a los
más pobres, en el recorte de “gastos”
como le llaman a la inversión social, la devaluación del Lempira, la fusión y privatización
de las empresas públicas, las concesiones de las carreteras y demás recursos.
La política
entreguista del gobierno no conoce límites. Con la Ley de la Zonas Especiales
de Empleo y Desarrollo ZEDES más conocidas como “Ciudades Modelo”, la Ley de
Asociación Público Privada que dio vida a COALIANZA, la Ley de “Hipotecas”, la
Ley de Minas, entre otras, el gobierno entregó a empresarios nacionales y extranjeros
los mejores recursos naturales y patrimoniales del país, tales como ejes
carreteros, recursos hídricos, minerales, puertos, entre otros.
La crisis alimentaria golpea al campo y la ciudad
Si bien, el Fenómeno del Niño es determinante en la pérdida
del 50% de las cosechas de primeras en Olancho y el 100% en la Zona Sur, es un
error reducir el problema a un asunto meramente coyuntural. La política
alimentaria del Estado, fiel a los designios neoliberales, se basa en la
importación y no en la producción. Desde la aprobación de la Ley de
Modernización y desarrollo del Sector Agrícola, en marzo de 1992, sepulturera
de la “Ley de Reforma Agraria” la producción agropecuaria se vino abajo.
Todo empezó con la aceleración de la concentración de la
tierra, la reducción del crédito y el desmantelamiento de los programas de
asistencia técnica y, para rematar, la apertura comercial a los productos del
exterior fue mucho más de lo que podía soportar nuestra frágil producción de
alimentos de primera necesidad, como el maíz, el frijol y el arroz, no digamos
las carnes que según el economista Javier Suazo, pasamos de tener 2,286,000
cabezas de ganado en 1994 a 1,750,000 diez años después y en 2014 esa tendencia
se mantiene, apenas hay 800,000 (diario la prensa, 6/9/13).
Para el gobierno la seguridad alimentaria no pasa por
desarrollar sistemas de irrigación, el destino de menos tierra a la palma
africana y más a los granos básicos y crédito blando para el pequeño productor,
mucho menos piensa en la distribución de la tierra a miles de familias
campesinas. Por el contrario, su irresponsable y nada creativo plan es la
importación, sin pensar al menos en el desempleo de 54% de la población que
vive en el campo, su gobierno de la vida mejor en este caso solo beneficia a la
empresa GSI Training encargada de comprar 1,042 toneladas de frijoles en
Etiopía.
El problema no solo es el desabastecimiento, sino la
ineludible miseria en la que caen miles de familias. En la zona rural 6 de cada
10 hogares está en extrema pobreza, en las zona urbana el desempleo deja sin
posibilidad a las familias de acceder a los productos más básicos. Por ejemplo:
el sector que más empleos genera -la construcción- se vino abajo, desde 2009
persiste un declive, en el año 2010 la contracción fue de -20% (enero) y -11.2%
(diciembre) y de acuerdo con el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE)
del Banco Central de Honduras (BCH) en 2014 el panorama se mantiene. Dicha
tendencia se confirma con el aumento del déficit habitacional que aumentó a 45%
en 2014 (500,000 casas nuevas), frente al 28% y 30% registrado hace cinco años,
según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE 2013).
Reducción de presupuesto y nuevo endeudamiento
Para colmo de males, recientemente el gobierno anunció una
reducción al presupuesto para 2015, y cuyos renglones más afectados son Salud y
Educación. La supuesta austeridad del gobierno es una farsa, en la parte de los egresos de la administración centralizada, los
gastos sumaron 45,213.5 millones de lempiras a junio de 2014. De esa cantidad,
el 75.7% (34,226.6 millones de lempiras) corresponde a erogaciones corrientes, es
decir, gastos orientados a cubrir servicios generales como remuneraciones,
materiales y útiles, alimentos y utensilios, materias primas y materiales de
producción, servicio de arrendamiento; servicios comerciales y bancarios, de
mantenimiento, de difusión e información, para el normal funcionamiento de las
instituciones, también incluye el pago de intereses y comisiones por el
servicio de la deuda.
Acuerdo Stand-by con el FMI
El principal interés
del gobierno es lograr un acuerdo con el FMI, porque eso le garantiza el
financiamiento del astronómico gasto corriente. Si tomamos en cuenta que el
pago del servicio de la deuda creció brutalmente, y los plazos de la deuda
interna se están venciendo, para alimentar al carroñero cuerpo de funcionarios
y la “oposición” que lo ayudan a sostener su inviable gobierno, necesita
entregarse al usurero número uno del imperialismo que lo espera con el
portafolio abierto, siempre y cuando haga exactamente lo que dice.
El gobierno quiere negociar un Acuerdo de Derecho de
Giro (Stand-By), puesto que con ese mecanismo resuelve los asuntos
relacionados con la balanza de pagos a corto plazo, pero permite al gobierno
realizar maniobras administrativas, recibiendo desembolsos que se van ejecutando
conforme al cumplimiento de las condiciones. Este tipo de acuerdos tienen un
plazo similar a lo que le falta a su período de gobierno, por lo que respiraría
con mayor tranquilidad, aunque deje condenada a la población a décadas de
servidumbre.
Por una
segunda independencia
El Partido Socialista de los
Trabajadores condena esa política entreguista y ante eso propone la inmediata
ruptura con el FMI y demás organismos agentes del imperialismo, exigimos el no
pago de la deuda externa para destinar esos recursos a combatir el hambre, a
resolver la crisis en salud y educación, a invertir en la generación de empleo y
de esa manera ofrecer mejores condiciones a los hondureños que se van del país
huyendo de la miseria y la criminalidad.
Invitamos a todo el movimiento popular a cerrar
filas contra la política de recolonización que impulsa el gobierno
norteamericano, a exigir el retiro de las bases militares y hacer valer nuestra
soberanía para empezar a hablar de independencia. Este 15 de septiembre salgamos
a las calles a exigir una verdadera independencia, inspirada en el combate a
las desigualdades, a la explotación del hombre por el hombre, a la justicia en
todos los campos, en el desarrollo verdadero que solo podemos encontrar en un
sistema contrario al capitalismo.