miércoles, 21 de octubre de 2015

SACAR A JOH: ¿CON CICIH O SIN CICIH?

La lucha para sacar a JOH es una lucha impostergable.


Por Tomas Andino Mencía
Miembro de la Dirección Nacional del PST

17 de Julio de 2015


En Honduras vivimos uno de los movimientos sociales más impresionantes desde el Golpe de Estado en 2009, el cual fue por sí mismo majestuoso. Millones se han venido manifestando desde el mes de mayo exigiendo en un principio el castigo de los ladrones de los fondos del IHSS; luego la salida del gobierno y ahora ha pasado a dominar la exigencia multitudinaria de la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH); además de la exigencia de aplicar la figura del Juicio Político al Fiscal General, al Adjunto, así como la salida de los usurpadores de la Sala de lo Constitucional.
En el fondo, el clamor generalizado del Pueblo es ver fuera del gobierno y en la cárcel a Juan Orlando Hernández (JOH), así como a todos sus secuaces del Partido Nacional y de la Empresa Privada. Si bien este objetivo goza de consenso, el debate se centra sobre cuál es el mejor medio para lograrlo. Desde que el Ingeniero Salvador Nasralla, Presidente del Partido Anti Corrupción (PAC) lo propuso el 18 de mayo de este año, se ha instalado en la conciencia colectiva que el instrumento más efectivo para lograrlo es la venida de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), similar al mecanismo que Naciones Unidas probó en Guatemala desde 2006 para ayudar al sistema judicial de ese país a acelerar y eficientar la lucha contra grupos violentos y el crimen organizado. Luego añadió a su discurso la exigencia del Juicio Político, una figura existente en la Constitución que permite someter a juicio a un alto funcionario del Estado.
A pesar de no haber surgido como demanda de ninguna instancia de participación popular, sino de un connotado político alineado con el sistema, la exigencia de la CICIH ha cobrado tanta fuerza en el Pueblo que el grupo de jóvenes que organizaron la llamada “Oposición Indignada” lo convirtió en la demanda principal e “innegociable” de las Marchas de las Antorchas frente al régimen de JOH; y aquel que ose cuestionarla, es tildado inmediatamente de “radical” o al revés, de “gobiernista”. Pero como no soy afecto a que pongan cadenas a mis ideas, sobre todo los que se creen dueños de la verdad, no veo la razón para no discutir sobre lo que algunos pretenden convertir en un tabú, si con ello se encuentran mejores derroteros para este movimiento.
Mi punto es: ¿la CICIH y el Juicio Político son el mejor camino para sacar a JOH del gobierno en el caso de Honduras? ¿Es viable aquí como lo ha sido en Guatemala? En este ensayo –publicado en dos partes-- me propongo demostrar, contrario a la opinión dominante, que la CICIH no es el mejor ni el más viable camino para sacar a JOH y hacer justicia en la Honduras de hoy, sino al contrario, el mejor camino primero que nada, es sacar del poder a JOH mediante una insurrección popular que inicie con un Paro Cívico Nacional. En este caso el orden de los factores si altera el producto.
Similitudes y diferencias de la situación de Guatemala y Honduras
Cuando se habla de CICIH es inevitable referirnos al caso de la CICIG de Guatemala, que sirve de modelo para quienes opinan que todo pasa primero por instalar este tipo de Comisión en Honduras. En mi exposición iré haciendo comparaciones entre la realidad de aquel país y el nuestro, que nos permitan llegar a conclusiones más objetivas.
La CICIG de Guatemala desde su fundación el 12 de diciembre de 2006 tuvo como mandato: “Apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos...” (Artículo 1 del Acuerdo de Constitución de la CICIG).  No podía ser de otra manera, porque los organismos de Naciones Unidas no están diseñados para provocar crisis ni derribar gobiernos de la burguesía, sino para colaborar con estos. En ese país, los 130 funcionarios de esa Comisión trabajan junto a los fiscales guatemaltecos sin sustituirlos en sus funciones, sino trabajando como “querellantes adhesivos” para llevar sus casos ante jueces guatemaltecos, en respeto de las instituciones jurisdiccionales de ese país. Son estos últimos los que dictan sentencias. Gracias a esa colaboración, la CICIG de Guatemala ha contribuido a enviar a la cárcel a centenares de funcionarios delincuentes, en su mayoría de nivel intermedio; aunque ha resuelto casos de ex funcionarios de alto nivel, que ya no están en funciones.
La primera pregunta por hacerse es ¿funcionaría una CICIH en Honduras con la misma eficiencia que en Guatemala, si sigue en el poder JOH y toda su pandilla? Aquí encontramos el primer tropiezo. El mandato de una CICIH no solo lo define la ONU sino también el gobierno. Lo definen ambos por mutuo acuerdo. Es decir que, para que pueda instalarse, necesariamente debe tener el visto bueno del gobierno (en Guatemala fue así). Si no se ponen de acuerdo, no habrá CICIH. Y como JOH no es suicida, es muy poco probable que esa Comisión tenga el colmillo necesario para llegar hasta él. Eso le da a JOH un gran poder de veto sobre aquellas funciones de la CICIH que no le convengan.
Por ejemplo, bastaría que JOH condicione la actuación de la CICIH en el marco de las leyes hondureñas para que en aplicación de la Ley del Ministerio Publico reformada, y la Ley Procesal Penal, se le niegue acceso a información clasificada; si la condiciona a que deba depender del liderazgo del Ministerio Publico para sus investigaciones, éste no le asignará casos que sean comprometedores para el gobierno, sino, por el contrario, podría envolver a sus adversarios políticos en casos orientados a inculparlos y desviar la atención de las picardías del partido de gobierno; y si enfila el trabajo de la CICIH al asesoramiento o capacitación de los organismos de justicia, nunca podrá investigar caso alguno. O sea que dejar en manos de JOH y la ONU la definición de las facultades de la CICIH podría volverse un bumerang contra sus más entusiastas promotores. Por eso conviene tener mucho cuidado con lo que se pide.
Por otro lado, mientras en Guatemala el problema principal a nivel judicial es la existencia de estructuras paralelas a las estructuras oficiales, en el caso de Honduras lo que obstaculiza la labor del sistema es que el sistema judicial y el Ministerio Publico no tienen la más mínima independencia funcional respecto al Poder Ejecutivo. Es un hecho que el poder que JOH ha alcanzado en Honduras es totalitario. Esa circunstancia tiene un efecto muy importante en la eficiencia de una CICIH, porque una comisión de este tipo no podría funcionar en un sistema político donde todo es controlado por un solo gobernante, incluido el sistema de justicia, pues entonces sus hallazgos no serían juzgados con imparcialidad y la impunidad continuaría.
En Honduras los jueces están sometidos a un régimen de terror por parte del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura, donde Teodoro Bonilla, el verdugo, ha destituido a casi cien jueces y juezas, la mayoría por no someterse a las “instrucciones” de su patrón, JOH. Algo similar ocurre en el Ministerio Publico, que ha sido cómplice de la inoperancia por las decenas de casos dormidos en sus oficinas “por órdenes superiores”. Ambos son instrumentos cooptados por el gobernante para sus fines.
Así que por buenas que sean las investigaciones de los fiscales de una eventual CICIH, mientras aquel personaje siga en la silla presidencial, esa comisión por sí misma no podrá arrancarle a un juez una sentencia condenatoria a gente de confianza del dictadorzuelo en las altas esferas del Estado. Sería excepcional que en esas condiciones la CICIH pudiera obtener la colaboración de fiscales y jueces borregos del oficialismo. Por lo dicho, mientras JOH siga en el poder, no existirán las condiciones institucionales en el Sistema Judicial hondureño para ensamblarle exitosamente el mecanismo de la CICIH. Esta necesita un mínimo respeto a la división e independencia de poderes.
Pero sigamos con Guatemala. Se ha hecho creer que el accionar de la CICIG en Guatemala fue lo que derribó a la Vice Presidenta, Roxana Baldetti, y que tiene tambaleando al Presidente, Otto Molina Pérez. Por supuesto que tuvo una influencia, pero en sentido estricto no es correcta esa afirmación. Los hechos no sucedieron como se les vende a la gente.
Estando cerca del fin de su segundo mandato, y para hacer méritos para un tercero, la CICIG de Guatemala desarrolló una investigación de alto impacto en el caso de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que llevó a los tribunales a la banda de “La Línea”. Este caso reveló conexiones de muchos funcionarios públicos de mediana y baja categoría. Pero a pesar de haber evidencias que incriminaban a la Vice Presidenta, Roxana Baldetti, y al Presidente, Otto Molina, entre las decenas de involucrados, la CICIG solo llegó a incriminar oficialmente a un funcionario de segundo nivel, Juan Carlos Monzón, Secretario Privado de la Vice Presidenta, como el cabecilla de la banda. Al llegar ahí, la CICIG no continuó esa línea de investigación hacia arriba de la estructura del Estado. Eso le costó muchas críticas, pues nadie se tragó que la Vice Presidenta y el mismo Presidente no estuvieran enterados de ese latrocinio.
¿Por qué se detuvo la investigación de las más altas autoridades del país? No es del todo claro, pero sirve de pista saber que la CICIG de Guatemala tiene una fuerte influencia de la Embajada de Estados Unidos, cuyo gobierno la co-financia; además de la influencia de la oligarquía reunida en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF, algo así como el COHEP de Guatemala).
No obstante, la información se filtró a las redes sociales y de ahí a la prensa escrita, que en buena medida están en manos de la oposición al gobierno, lo cual es una segunda diferencia importante con Honduras pues aquí toda la prensa escrita se ha alineado con JOH. Eso dio lugar a que la convocatoria a un mitin en la Plaza de la Constitución, por parte de un grupo de jóvenes, produjera la concentración de decenas de miles de personas el pasado 25 de abril exigiendo la salida del gobierno y cárcel para los corruptos. Otras decenas de miles más se manifestaron en diferentes departamentos del país. Bajo la presión popular, los diputados de oposición abrieron un expediente contra la Vice Presidenta de la República y ésta tuvo que renunciar; incluso en el Congreso la oposición aprovechó para abrirle un juicio político a Otto Molina. Al menos tres ministros fueron “renunciados”.
Por tanto, quienes realmente colocaron la cabeza de la Vice Presidenta, Baldetti, y de otros tres ministros en la guillotina política, no fue la CICIG sino el Pueblo guatemalteco movilizado multitudinariamente por iniciativa de los jóvenes convocantes. Ese mismo pueblo tiene desestabilizado al gobierno del Presidente Otto Molina... Pero sesgadamente, el crédito se lo han atribuido exclusivamente a la CICIG, cuyos técnicos y “dueños” no pretendían llegar tan lejos. Por tanto, sin demeritar que la CICIG ha tenido un rol fundamental en la eficientización del sistema de justicia en Guatemala, debe indicarse también que sus investigaciones se han limitado a afectar a los niveles intermedios del crimen y ex Presidentes, con el cuidado de no abrir expediente a las más altas autoridades del gobierno actualmente en el poder.
Un dato interesante que encontré y que puede explicar esta conducta de la CICIG, es que la Embajada norteamericana, que financia esa Comisión, se opuso al Juicio Político contra Otto Pérez Molina, a fin de evitar una crisis mayor[1], e hizo un fuerte cabildeo para impedirlo. Esto significa que los alcances de la Comisión cuando toca casos de alto impacto político, están definidos por los intereses políticos de quien financia su trabajo, en este caso de los gringos.
La experiencia de Honduras ha sido diferente. Mientras en Guatemala la CICIG ayudo a revelar la corrupción de la SAT, en Honduras el rol de investigar y difundir la información sobre el latrocinio en el IHSS fue hecho por un periodista valiente, David Romero Elner, desde su programa “Interpretando la Noticia”. Las virtudes principales de su trabajo es que es una denuncia sólidamente documentada y no se conforma con los “peces flacos” o mandaderos de segunda y tercera categoría, sino que apunta directamente contra altos funcionarios del Estado como el Presidente y Vice Presidenta del Congreso Nacional, el Fiscal General del Estado y su Adjunto, el Designado Presidencial, y por supuesto, al mismo Presidente de la República. Tan es así que, sintiéndose totalmente desenmascarado, JOH llegó a admitir en un desliz el involucramiento del Partido Nacional en el robo masivo contra el IHSS, llegando al cinismo de ofrecer la devolución del dinero robado. En suma, David Romero llegó más lejos en Honduras de lo que llegó la CICIG en Guatemala a nivel de descubrimiento del delito.
Gracias a las revelaciones hechas por este periodista, la indignación nacional se regó como pólvora y los jóvenes que al principio estaban haciendo pequeños plantones y manifestaciones contra la corrupción, se vieron inundados de gente que salió por decenas de miles a las calles, desatando la majestuosa movilización popular que vemos todas las semanas.
Pregunta: ¿Hubo necesidad de una CICIH para investigar la vinculación del partido de gobierno con el más grande desfalco de la historia nacional? NO, lo que básicamente necesitábamos saber ya fue destapado por la prensa independiente.
¿Y el Juicio Político? ¿Servirá de algo? También aquí hay diferencias con Guatemala. Allá el parlamento cuenta con una mayoría de la oposición (58 votos del Partido Patriota en el gobierno contra 100 del resto de partidos) y no existe un control monolítico del Estado por parte del Presidente, como en Honduras. Ya en 2014 el Partido Patriota, gobernante, había sufrido una importantísima derrota al ser derogada una de sus mayores apuestas, la Ley Monsanto con 111 votos en contra; de hecho su gobierno y su partido se encuentra en uno de sus momentos de mayor debilidad, pues se ha venido desmoronando en los últimos meses con las renuncias de su candidato presidencial, de alcaldes y diputados. Ahora su situación es peor. El Antejuicio Político contra el Presidente Otto Pérez Molina fue aprobado en el Congreso y ratificado por resolución de la Corte de Constitucionalidad (órgano de arbitraje en conflictos entre los poderes constituidos) que rechazó el amparo de la Corte Suprema de Justicia, afín al mandatario. Así que Otto Pérez está en la cuerda floja producto de la presión popular.
En Honduras es diferente, como lo ha demostrado el PST en su última Declaración[2]. Aquí, el gobierno está fuertemente atrincherado en el Estado y la “oposición” burguesa agoniza. El primer escollo son los números: La figura del Juicio Político no es viable pues se necesitan 86 votos para enjuiciar y destituir al Fiscal General y Adjunto, y 92 para hacer lo mismo con el Presidente, correlación de fuerzas que no tienen los partidos de la mal llamada “oposición”, todos juntos.
La mala noticia es que en lugar de avanzar, la “oposición” parlamentaria retrocede. Es un hecho que después de la excepcional votación que dio al traste con la constitucionalización de la Policía Militar en enero de este año, las bancadas de oposición no han dejado de desintegrarse y hasta han perdido la mayoría simple de votos (la mayoría simple se obtiene con 65 votos pero en su última votación importante los “opositores” apenas lograron 45 votos). Peor aún, las diferentes bancadas contrarias al gobierno muestran una vergonzosa incoherencia, votando unas veces a favor y otras en contra de las causas que interesan al Pueblo; por ejemplo, el PAC votó a favor de la Ley Marco de Protección Social, que fue el motivo político para destruir financieramente al IHSS; y ahora en julio la bancada del Partido Liberal votó junto al Partido Nacional contra el Juicio Político al Fiscal General y Adjunto, dándole el tiro de gracias a la alianza opositora.
Y por los vientos que soplan, con la renovada alianza cachureca-liberal, JOH no solo ha recuperado su mayoría absoluta en el Congreso sino que probablemente logre influenciar la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Así que es prácticamente imposible que pueda prosperar una iniciativa que pretenda hacer un Juicio Político a JOH desde el Congreso Nacional  
Pero más importante que los números es que, a diferencia de Guatemala, aquí el Poder Ejecutivo tiene un control férreo de la cámara legislativa, debido al control absoluto que tiene JOH sobre su Junta Directiva y sobre la bancada del Partido Liberal, que le hace comparsa en las votaciones. Debido a eso la dirigencia y diputados-as de LIBRE están tan castrados que ni siquiera hace valer su derecho a presentar mociones y proyectos de Ley. A lo más que se atreven, después de la gaseada que JOH les recetó en 2014, es a gritar y hacer bulla, y cuando no les hacen caso, optan por retirarse. Realmente patético.
Resulta más fácil hacer valer la voluntad del Pueblo rompiendo con esos esquemas, aprovechando la actual ola de indignación popular, que esperar a que ocurra un milagro en ese poder del estado. Por tanto, ni desde el Ejecutivo, ni desde el Congreso ni desde la Corte Suprema cabe esperar nada positivo en relación con la CICIH y el Juicio Político.
De ahí que no es descartable que JOH, aunque por ahora se niega a hacerlo, si es sometido a la presión suficiente, en última instancia pueda decidir negociar la instalación de una CICIH, sabiendo que puede condicionarla de tal manera que sea compatible con sus intereses.
En ese sentido, quienes colocan la CICIH y el Juicio Político como condición para que se enjuicie a JOH y su pandilla, conduce a desgastar el movimiento popular en una meta irrealizable, y le da la oportunidad a aquel para que mantenga el control de la situación y evada la justicia.
La aprobación de estas demandas populares no se lograra siguiendo las reglas del sistema. Pero la buena noticia es que NO necesitamos esas instancias y figuras de la institucionalidad burguesa para echar a JOH.
El campo de batalla ha dejado de ser el Congreso; ahora es la calle. ¿Investigación? Ya la hizo David Romero. ¿Juicio? El Pueblo hondureño ya hizo su juicio político y su sentencia es exigir FUERA JOH. ¿Qué más debemos esperar?
Lo que necesitamos no son mecanismos de intermediación que estén bajo control del sistema, que en lugar de ayudar, obstaculizan el avance del pueblo en su propósito. Lo que necesitamos es que la movilización popular pase a una etapa superior de lucha, a una insurrección popular, a partir de la convocatoria a un Paro Cívico Nacional. De esa forma, podremos lograr el objetivo de echar a JOH del gobierno.
Lograda esa meta, un nuevo gobierno deberá convocar a una Asamblea Nacional Constituyente e instalar el mecanismo legal que crea más conveniente para enjuiciar y llevar a la cárcel a estos delincuentes. Ese mecanismo puede ser un Tribunal de Justicia Popular, integrado entre los millones de personas honestas que participan del movimiento de los indignados-as; que eventualmente pueda ser asesorado y apoyado técnicamente por una CICIH o algo similar en las investigaciones, siempre y cuando esta última esté libre de influencias del gobierno gringo, mismo que apoya dictaduras y corruptos en el mundo. La fuerza necesaria para eso está en las calles, solo hace falta la voluntad para hacerlo.



[2]    Ver Declaración del PST sobre los Desafíos del Movimiento Indignado. Disponible en: http://www.psthonduras.org/2015/07/declaracion-politica-del-pst-sobre-los.htm