DECLARACIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES
Después de llorar la pérdida de nuestra querida
Berta Cáceres, se impone hacer una reflexión sobre por qué pasan estos hechos y
a donde conducen. Solo así el movimiento popular podrá acertar en la mejor
estrategia de qué hacer para salir adelante.
¿POR QUÉ MATARON A BERTA, POR QUÉ MATAN A LOS DIRIGENTES POPULARES?
En los últimos quince años, pero particularmente
desde el Golpe de Estado de 2009, en Honduras se ha producido el ascenso de un
puñado de capitalistas ligados a los rubros de inversión más dinámicos, como la
telecomunicación móvil, la generación de energía renovable (especialmente
hidroeléctrica), el sector turismo, la producción de agro combustibles (palma
africana y azúcar) y el sector minero. A
excepción de la industria de telecomunicaciones, que ha conocido una enorme
expansión, el resto de los mencionados rubros prosperaron muy lentamente antes
del golpe de Estado de 2009, debido a que el gobierno de Maduro fracaso en su
intento de privatizar todo el sector público y en privatizar las fuentes de
agua, gracias a la rebelión de las comunidades rurales entre los años
2003-2005. El proceso de reformas neoliberales se ralentizo aún más
durante el gobierno de Mel, hasta llegar
a detenerse, debido a la presión obrera y campesina.
Pero con el Golpe de Estado de 2009 esa situación
cambio. Con base en la fuerza de las armas, los últimos dos gobiernos
cachurecos (Pepe Lobo, 2010 -2013, y Juan Orlando Hernández, 2014- ) lograron
los más importantes avances en su proyecto de entrega del país a las empresas
transnacionales y a sus socios nacionales. Estos gobiernos impusieron un
conjunto de leyes y reformas neoliberales con las cuales arrebatan a las
comunidades indígenas, negras y campesinas los recursos agua, tierra,
plantaciones y minerales para instalar mega proyectos hidroeléctricos, mineros,
de plantación de azúcar y palma africana, así como complejos turísticos, bajo
la modalidad de “Alianzas Publico Privadas”. De esa forma, fueron aprobadas la
nueva Ley General de Aguas (2010), en base a la cual se privatizaron 47 cuencas
hidrográficas; la nueva Ley General de Minería (2013); la Ley General de la
Industria Eléctrica (2013); la Ley de las Regiones Especiales de Desarrollo
(2014) y la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública
(2014), entre otras. Paralelamente se promociono la venta del país mediante
eventos como “Honduras is Open for
Bussiness” y el Proyecto de las “Ciudades Modelo”, que llevan al extremo la
política de desnacionalizar el territorio hondureño.
Pero a estos planes se les atravesó un vigoroso
movimiento de comunidades indígenas, negras y campesinas, que han desarrollado
una heroica resistencia popular en los últimos diez años. Los principales
protagonistas de estos movimientos son: 1) un nuevo movimiento campesino como
el MUCA y MCH en el Bajo Aguan, el MOCSAM en San Manuel, Cortes, y la CNTC y
MCP en El Progreso, contra proyectos de siembra de agro-combustibles (palma africana
y azúcar); 2) el COPINH en Intibucá,
Lempira y La Paz, contra proyectos mineros e hidroeléctricos, como la represa
“Agua Zarca”; 3) la OFRANEH en las comunidades garífunas de Colon y Atlántida,
contra proyectos hidroeléctricos y mega hoteleros, como el de la Bahía de Tela;
4) el MADJ en el departamento de Atlántida contra proyectos hidroeléctricos y
mineros; 5) el MAO y el MASB que
moviliza comunidades en los departamento
de Olancho y Santa Bárbara contra los depredadores de los bosques y contra las mineras;
y, 6) el movimiento comunal en Zacate
Grande también contra un proyecto turístico en el departamento de Valle. La
mayoría de estos movimientos regionales participan en la “Plataforma de
Movimientos Sociales y populares”.
En las ciudades la resistencia popular fue
protagonizada por el magisterio y después por el estudiantado universitario y
de secundaria por la defensa de la educación pública. La resistencia obrera ha
sido menor, pero ha tenido su expresión en la lucha del STENEE y del SITRASANAA,
quienes junto a otros sindicatos de base del sector publico han conformado la
“Plataforma de Sindicatos del Sector Publico”, opuestos a la privatización de
las empresas estatales; y recientemente, ha habido conatos de resistencia en
algunas empresas maquiladoras.
El gran capital transnacional, principalmente de
nacionalidad china, taiwanesa, canadiense y norteamericana, y el gobierno
burgués hondureño han respondido a esta movilización popular con una criminal
represión laboral en las ciudades y física en el área rural. Los despidos
masivos en el magisterio son una expresión de ello; y en cuanto al campo, solo
en el Bajo Aguan, los grupos de paramilitares a sueldo de las transnacionales han
segado la vida de 120 dirigentes campesinos desde el año 2007; y entre los años
2002 y 2014 fueron asesinados 111 dirigentes ambientalistas opuestos a la
instalación de hidroeléctricas, mega proyectos hoteleros o empresas mineras
(Informe “¿Cuantos más?”, Global Witness, 2015). Asimismo hay más de tres mil
campesinos e indígenas sometidos a procesos judiciales por defender sus
territorios. En algunos casos, como en el Bajo Aguan y las comunidades de Intibucá,
el gobierno ha establecido estados de sitio en esas zonas. Es decir, que el
capitalismo se expande a sangre y fuego en Honduras.
Los empresarios, con el apoyo del poder judicial,
la policía y el ejército, lograron vencer la resistencia en algunas regiones,
como ocurrió en la Bahía de Tela (Atlántida), en San Manuel (Cortes) y en El
Progreso (Yoro), al costo de varias matanzas y dirigentes procesadas. En las
ciudades el gran derrotado fue el magisterio y algunos sindicatos como el
SITRAUNAH. Pese a esa represión, los movimientos territoriales, estudiantes y
obreros por su parte han tenido éxitos importantes. Por ejemplo, en el
departamento de Atlántida, la movilización de las comunidades rurales logro
arrancar a varias municipalidades la declaración de Territorios Libres de
hidroeléctricas y mineras; en Olancho y Santa Bárbara, el MAO el MASB han
logrado la liberación de algunos municipios y zonas declarándolas “libres de
mineras”; en Intibucá, el COPINH logro la expulsión de 30 industrias de madera,
detuvo 49 proyectos de privatización y luchado contra una ola
interminable de concesiones mineras otorgadas por el gobierno, siendo su
principal logro sacar las empresas DESA y SINOHYDRO de su primer proyecto en
Rio Blanco; el OFRANEH impidió, al menos temporalmente, la instalación de la
primera Ciudad Modelo en la zona de Vallecito, Colon; el STENEE logro evitar
hasta la fecha la privatización total de la estatal eléctrica; los estudiantes
universitarios lograron impedir la expulsión de la mayoría de sus dirigentes; y
solo la amenaza de una revuelta obrera en las maquilas detuvo el saqueo de las
prestaciones que pretendió hacer JOH en el 2015.
LA BURGUESIA SE ENVALENTONA CON LOS AVANCES
AUTORITARIOS DE JOH
En el contexto nacional, JOH se ha consolidado en
el poder, mediante la cooptación de la totalidad de instituciones del Estado,
la última de las cuales fue la Corte Suprema de Justicia, mediante una alianza
con un Partido Liberal títere. En ese sentido, concentra en sus manos un poder
que no ha gozado ningún gobernante en el pasado y sigue adelante con la
pretensión de reelegirse, violentando la Constitución. Y su plan es perpetuarse
en el poder, mediante el mecanismo de la reelección. Este contexto ha inyectado
una fuerte dosis de confianza a la burguesía ligada al Partido Nacional para
proseguir con sus proyectos económicos y la ha envalentonado para contraatacar
al movimiento popular con más virulencia.
Por ese motivo, los empresarios, que ya están
desesperados por los retrasos que han tenido sus mega-proyectos y las pérdidas
económicas que les provoca la resistencia popular (por ejemplo, DESA ha perdido
30 millones de dólares por su retirada de Rio Blanco; y hay decenas de
proyectos mineros que no arrancan por las vedas regionales), comienzan a tomar
medidas de fuerza más brutales contra los movimientos populares de resistencia.
Una de esas medidas es asesinar no solamente a activistas de base e
intermedios, como hasta ahora han hecho, sino también a dirigentes nacionales
de alto perfil para infundir terror y desmoralización en sus bases. El
asesinato de Berta Cáceres es parte de esa nueva estrategia.
Esto significa que la lucha de clases contra la
explotación y saqueo capitalista en el sector rural se volverá más encarnizada
a partir de este año, poniendo en riesgo la vida de los y las activistas y
dirigentes de todo nivel de los movimientos de resistencia, pero, en el otro
lado de la moneda, también que se abrirán nuevas oportunidades de triunfo.
Muestra de esta agudización es el hecho de que el asesinato de Berta Cáceres,
ha embravecido al Pueblo lenca que ha decidido movilizarse hacia Tegucigalpa
los días 17 y 18 de marzo. Pero además de agudizarse, con la figura de Berta el
conflicto se extiende a un nivel más amplio; de hecho ha encendido una ola de
indignación y campañas de solidaridad a nivel nacional e internacional, ante la
cual el gobierno ha reaccionado defensivamente, por segunda ocasión después de
las Marchas de las Antorchas. Todo esto abre una oportunidad para que no
solo el COPINH sino todo el movimiento popular hondureño lo aproveche para dar
un paso adelante en su fortalecimiento organizativo y de lucha.
DESAFIOS DEL MOVIMIENTO POPULAR
Sin embargo, debemos decir con total claridad que
el movimiento popular hondureño no podrá aprovechar esta oportunidad que hoy se
abre, si continúan las siguientes debilidades sin ser solucionadas:
La primera es el aislamiento de los movimientos
territoriales rurales (indígenas, campesinos y ambientalistas) de los
movimientos sociales urbanos (obreros, maestros, estudiantes, y movimientos de
Indignados-as), debido a la inexistencia de una instancia nacional que los aglutine;
una instancia validada por todos los sectores, que sea democrática y donde se generen planes de lucha concretos.
La segunda es la falta de un Planteamiento
aglutinador, es decir, de un programa de demandas que recoja las necesidades
sectoriales y nacionales del pueblo, pues hoy día cada quien lucha por su
propios problemas.
La tercera es la ausencia de un Plan de Lucha, ya
que los movimientos son reactivos y en algunos casos, muy improvisados.
La cuarta es la indefensión en que se encuentran
las organizaciones populares, ya que por ningún lado puede esperarse que los
cuerpos represivos y el sistema judicial, proteja a los liderazgos y activistas
y a sus movimientos.
La quinta es la falta de una verdadera oposición
en el nivel político que recoja las demandas del movimiento popular.
La sexta es el aislamiento del movimiento popular
hondureño de la solidaridad internacional.
PROPUESTAS
Por todo lo anterior, nuestro Partido propone:
- Que en la próxima reunión de Siguatepeque (12 de marzo) se constituya un espacio de unidad para la acción concreta que aglutine a todos los sectores en resistencia y al conjunto de organizaciones indignadas por el asesinato de Berta Cáceres. Proponemos que ese frente lleve el nombre de Berta Cáceres, por ser un símbolo nacional e internacional de lucha. Tal espacio debe ser democrático, representativo y permanente, aglutinador de las fuerzas de la Plataforma de Movimientos Sociales, de la Plataforma de Sindicatos del Sector Público, de la Coalición de Movimientos de Indignados y del FNRP así como de organizaciones de base.
- Que este espacio apruebe una Plataforma de demandas que recoja las exigencias planteadas por todos los sectores populares. Nuestro partido propone que se prioricen las siguientes: Justicia verdadera para Beta Cáceres, mediante la conformación de un equipo de investigación independiente vinculado a organizaciones populares y de derechos humanos. Decretar el Rio Gualcarque como Patrimonio Nacional. Derogación de todas las concesiones a hidroeléctricas y mineras que vulneran nuestros recursos naturales. Anulación de los acuerdos con el FMI y el Banco Mundial. Cese la represión paramilitar y policial-militar. Control inmediato de los precios de la canasta básica y aumento general de salarios. No a la reelección
- Que en esa sesión se apruebe un Plan de Lucha que comience con la incorporación militante en la movilización indígena que el COPINH ha anunciado para el 17 y 18 de marzo; pero que tenga continuidad en sucesivas acciones a nivel regional y nacional, que culminen en una Jornada Nacional de Protesta.
- Que el movimiento popular unificado organice la seguridad de los movimientos y de sus dirigentes, para enfrentar la represión de las bandas de matones de las empresas y la represión policial y militar del gobierno.
- Que los partidos de la llamada “oposición” (LIBRE, PAC, PINU y un sector del PL) hagan un “paro legislativo”, apoyados por la movilización de sus bases, mediante el cual impidan la aprobación de los proyectos de Ley antipopulares que el cachurequismo y el liberalismo hacen aprobar por órdenes de JOH.
- Que el movimiento popular organizado haga un llamado a la clase trabajadora y a las organizaciones progresistas y revolucionarias de todo el mundo para que emprendan una campaña internacional de apoyo a la resistencia en Honduras que coincida con la movilización indígena a Tegucigalpa.
Está bien indignarse por el crimen que han
cometido contra Berta, pero más importante que llorar es organizar la lucha.
Dado en Tegucigalpa, M.D.C. a los doce días del
mes de marzo de dos mil dieciséis
Comité Ejecutivo del Partido Socialista de los Trabajadores (PST),
sección de la LIT-CI