El Congreso Nacional ha sido convocado a sesión este
martes para discutir y aprobar el paquete de reformas penales que promueve el Ejecutivo.
Con estas reformas cambia de manera sustantiva el estamento legal que consigna los
procedimientos a seguir para llevar adelante la investigación y el juzgamiento
de los delitos penales en el país. Se altera la normativa del “debido proceso”
que son las que deberían garantizar el resguardo de las garantías
constitucionales y un freno a los excesos del Estado contra la población.
El paquete de reformas penales fue, en líneas generales,
saludado por los sectores más reaccionarios del país, por la empresa privada,
la burocracia obrera, la iglesia y por los partidos de oposición, que sólo han
realizado cuestionamientos coyunturales, pero que no han objetado el paquete en
su conjunto. Es que las reformas recogen todos los deseos de la burguesía.
En resumen, las reformas penales plantean ampliaciones al
artículo 335 del Código Penal donde se calificará como delito de terrorismo
toda protesta callejera que amenace la sacrosanta propiedad privada.
Igualmente se reforma el artículo 25 del
Código Penal, mediante el cual se establece que no serán investigados, juzgados
ni sancionados los policías, militares, servidores del seguridad del Estado u
otra autoridad competente que “en el cumplimiento de su deber y en uso de sus
armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte a una persona”. Por otro
lado, se modifican los artículos 27, 33 y 41 de la Ley de Inteligencia
Nacional, permitiendo que los órganos represivos del Estado puedan intervenir
las telecomunicaciones de los hondureños sin temor de infringir la ley, entre
otras.
Este paquete de reformas penales tiene el objetivo de
perfeccionar las armas del actual gobierno para reprimir a los sectores
populares. JOH se anticipa a la resistencia que ofrezcan éstos frente al fraude
electoral que viene fraguando; quiere dotarse del arsenal jurídico necesario
para ejecutar no solamente su continuidad en el Ejecutivo, sino también los
ajustes económicos que el capital precise.
Es urgente oponerse a este aberrante paquete de reformas
penales que amplía el poder de JOH para perseguir, amedrentar, encarcelar y
asesinar indiscriminada e impunemente al pueblo hondureño. Exigimos a los
partidos constituidos en la Alianza Opositora (LIBRE-PAC y PINU) y a los
diputados del Partido Liberal voten en contra de estas reformas en su
totalidad. Hacemos un llamado a todos los sectores del movimiento popular a
movilizarse y realizar un mitin este martes en los bajos del Congreso Nacional
en repudio a las medidas autoritarias de JOH.