viernes, 24 de noviembre de 2017

25noviembre: Luchemos por la vida de las mujeres y contra el continuismo

Mural en la Plaza Eduardo Becerra Lanza de la UNAH.

Por la Secretaría de la mujer.


Este 25 de noviembre se conme­mora el día internacional de la no violencia contra la mujer. En Hon­duras esta fecha es pasada por alto y este año con más razón debido a que estamos en vísperas de elecciones generales y la mayoría de organizaciones políticas están sumidas en este menester donde se per­petúa la continuidad de JOH y sus políti­cas Neoliberales. Por eso vemos necesario hacer un balance sobre las políticas hacia la mujer de este gobierno donde Juan Orlando con la colaboración de los mal llamados diputados de oposición poco o nada han hecho en cuanto a la política hacia las mujeres, aplicando medidas de precarización para la mujer trabajadora, defensoras, Indígenas y negras, violen­tando sus derechos sexuales y reproduc­tivos, criminalizándolas y asesinándolas con sus políticas de terror.


La política de la militarización: un total fracaso.
 

La política de la Seguridad Nacional es uno de los ejes centrales del actual gobier­no de la República. Se han creado nuevas cárceles de máxima seguridad, nuevos batallones de infantería, los militares “al servicio del pueblo”, etc. Claro está que esto no garantiza la seguridad de las mu­jeres hondureñas. Una mujer es asesinada en Honduras cada 14 horas, este 2017 ha aumentado el número de feminicidios, y todas estas muertes las pone la clase tra­bajadora del país, posicionándonos en el primer lugar de Centroamérica con una impunidad del 85%-90% de los casos, a eso sumándole la cifra de violaciones se­xuales y la violencia doméstica. Las or­ganizaciones feministas y el Movimiento Social salen cada 25 de Noviembre a exi­gir un cese a la violencia contra la mujer, ya que las cifras se vuelven alarmantes año con año.

Política conservadora: la penalización del aborto.


 El gobierno de JOH junto con la llamada oposición y la iglesia, también ejerce políticas que violentan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como lo fue este mayo del 2017, donde organizaciones feministas exigieron la reforma al código penal defendiendo la legalización del aborto bajo las 3 causales: por violación, cuando está en grave ries­go la salud y la vida de la mujer y cuando existen graves malformaciones fetales in­compatibles con la vida. El Congreso na­cional negó la petición y emitió el dicta­men que era un delito grave que conlleva de 3 a 10 años de cárcel, siendo Hondu­ras uno de los 4 países que penalizan el aborto bajo cualquier causal en la región y que también penaliza las Pastillas Anti­conceptivas de Emergencia (PAE) y sigue sin tener un plan de educación sexual lai­co y científico. Esta política conservadora solo afecta a las más desposeídas, pues las mujeres burguesas si tienen acceso a los métodos anticonceptivos, pueden viajar y practicarse un aborto de calidad sin ries­gos.

El gobierno de JOH asesina y crimina­liza a las defensoras de derechos hu­manos:


En noviembre se cumplen 20 meses de impunidad por el asesinato de Berta Cáceres, quien fue asesinada co­bardemente el 3 de marzo del 2016, tras una lucha constante por la defensa de los derechos indígenas y la defensa de sus re­cursos naturales y territorios ancestrales. El gobierno de JOH no solo ignoró todas las peticiones que hizo Berta desde 2009 pidiendo protección, sino que encubrie­ron pistas que resolvieran su “misterio­so” asesinato que expresa la voluntad del Estado para proteger a sus autores inte­lectuales. El caso de la guardiana de los ríos nos da una idea de la situación de las defensoras de DDHH; en tan solo en 3 meses del 2017, IM-Defensoras había girado alrededor de 14 Alertas Urgentes por agresiones sufridas a mujeres defen­soras, sus organizaciones y comunidades. En la mayoría usando fuerza del estado, ya sea policial o judicial. Actualmente también modificaron artículos del código penal donde criminaliza la protesta social elevándola al grado de terrorismo y pre­parando el terreno de la represión contra quienes se rebelen contra el fraude que tiene preparado para las elecciones.

La política contra la mujer es un proble­ma de clase:


Las políticas del Estado re­caen en la mujer obrera, indígena, negra, y miembro de la comunidad LGBTI. La mujer obrera, la que sostiene el 60% de los hogares del país es esa misma que no solo posee una desigualdad salarial, sino que también es explotada como ama de casa y es la que tiene que salir a buscar los peores trabajos, y debido a la necesi­dad a la que es sometida, se ve obligada a aceptar estos trabajos de condiciones pre­carias, algunas llegan al punto de vender su cuerpo para poder sobrevivir en este descompuesto sistema capitalista. Son las mujeres indígenas y negras que sufren la opresión y las que luchan por la defensa de sus territorios, ofreciendo su vida si es necesario. Son las mujeres proletarias las más expuestas a la inseguridad que se vive diariamente en el país.


Llamamos a no confiar en las institucio­nes y partidos políticos burgueses ni en sus políticas por la “emancipación” de la mujer. Los derechos de las mujeres solo se darán realmente cuando caiga el capi­talismo y la clase trabajadora tome el po­der, así como ocurrió hace 100 años con la Revolución rusa, revolución socialista triunfante. Estas elecciones demostremos nuestro descontento votando nulo, por­que no somos agenda política de ningún partido burgués en contienda, salgamos a manifestarnos en contra de este régi­men fraudulento, opresor y dictatorial y a construir un partido de la clase traba­jadora que defienda los derechos de las mujeres.